Por Sandra Bellido Urquizo
¿Y AHORA QUÉ?… Definitivamente, la disputa por el control del Ministerio Público entre Delia Espinoza y Patricia Benavides no le hace nada bien a la institucionalidad del país, porque erosiona la confianza de los peruanos en sus instituciones públicas.
El 16 de junio, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió una resolución restituyendo a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, del que fue destituida en mayo de 2024 por denuncias de corrupción y presunta organización criminal. Amparada en esta resolución, Benavides intentó retomar su oficina por la fuerza, generando tensión en la sede central del Ministerio Público.
Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación y designada tras la salida de Benavides, impidió su ingreso y señaló que ella es la fiscal de la Nación, siendo aupada por los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
Estos cuestionaron la legalidad de la decisión de la JNJ y afirmaron que no tiene ninguna potestad para designar al fiscal de la Nación.
Este enfrentamiento entre ambos personajes va más allá, pues refleja una lucha por el poder al interior de una institución que es pieza fundamental en la lucha contra la corrupción y criminalidad en el país.
Aquí también está involucrado el congreso de la República y el mismo Ejecutivo. No olvidemos que Espinoza ha tenido encontronazos con legisladores y con la misma presidente Dina Boluarte, denunciada por los casos Rolex y cirugías estéticas.
Ambos poderes quieren sacar a Espinoza de la Fiscalía de la Nación para que asuma Benavides quien es más proclive a los congresistas y a Boluarte. Así es cuando la política interfiere en el manejo de la cosa pública.
¿Y AHORA QUÉ?… Unos opinan a favor y otros en contra
La incertidumbre legal ha generado un limbo institucional que deja al Ministerio Público debilitado y sin liderazgo claro. ¿Quién tiene la razón? Ni los mismos jurisconsultos lo saben. Unos opinan a favor y otros en contra.
Lo cierto es que la incertidumbre legal, la interferencia política y el desconocimiento de los procesos legales ha generado un limbo institucional que deja al Ministerio Público debilitado y sin liderazgo claro y un daño profundo a la democracia y al estado de derecho.
Mientras no se restablezca el orden, la transparencia y el respeto por la legalidad, los peruanos seguirán perdiendo la fe en quienes deberían protegerlos de la corrupción y la impunidad.
El Perú necesita una reforma profunda, no solo en el Ministerio Público, sino en todo el sistema de justicia. La confianza se gana con hechos, no con discursos ni pugnas de poder y sin instituciones sólidas e independientes, no hay garantías para los derechos ciudadanos.
Por demás, este intríngulis solo beneficia a quienes buscan tener un estado y en especial, un sistema judicial fallido. ¿El objetivo? Está demás explicarlo.
