¿Y Ahora Qué? | La confianza ciudadana es un pilar fundamental para el establecimiento y la durabilidad de cualquier sistema democrático. No se trata de un concepto abstracto ni decorativo: es el elemento que legitima el ejercicio del poder.
La estabilidad democrática en el Perú enfrenta una crisis de legitimidad debido a la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones fundamentales del Estado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra bajo sospecha por presuntas irregularidades en contratos logísticos, mientras que el sistema de justicia muestra una respuesta lenta ante las denuncias de corrupción. A esto se suma el cuestionado liderazgo del presidente José María Balcázar, cuya gestión ha estado marcada por contradicciones en temas estratégicos como la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea. El panorama actual refleja un vacío de poder y una falta de transparencia que compromete la gobernabilidad del país.
- Denuncias de corrupción en la ONPE vinculadas a la solicitud de comisiones irregulares para favorecer a empresas en contratos de logística.
- Cuestionamientos al Ministerio Público y al Poder Judicial por la falta de celeridad en las investigaciones contra exfuncionarios electorales.
- Contradicciones en el Ejecutivo sobre la compra de aeronaves militares, generando dudas sobre la cantidad exacta y los plazos de entrega.
- Ausencia de una conducción política firme por parte del presidente Balcázar frente a la inseguridad ciudadana y la estabilidad económica.
¿Y cómo se construye esa confianza? Con honestidad, transparencia y coherencia por parte de quienes ocupan cargos públicos en todas las instancias del Estado.
Sin embargo, lo ocurrido en el Perú (no solo en los últimos años, sino de manera particularmente grave en los días recientes) ha terminado por erosionar la ya frágil credibilidad que los ciudadanos depositaban en sus instituciones.
La falta de transparencia en la información, sumada a constantes indicios de corrupción, ha generado un escenario donde la sospecha ya no es una excepción, sino una regla.
Durante años, las denuncias de fraude electoral formaron parte del discurso político, muchas veces sin pruebas contundentes que las sostuvieran. Pero lo sucedido el pasado 12 de abril y en los días posteriores ha marcado un punto de quiebre.
La acumulación de irregularidades, sumada a evidencias que han circulado en la opinión pública, ha llevado a que el proceso electoral sea cuestionado con una intensidad pocas veces vista. Ya no se trata solo de percepciones: para muchos ciudadanos, los hechos rozan lo abiertamente delictivo.
¿Y Ahora qué?. Instituciones bajo sospecha y crisis de legitimidad
En este contexto, el papel del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha quedado severamente comprometido. Una institución llamada a garantizar la transparencia y legitimidad del voto no puede operar bajo sospecha permanente.
Las denuncias sobre funcionarios que habrían solicitado comisiones irregulares para favorecer a determinadas empresas en contratos logísticos no solo son escandalosas, sino que revelan un problema estructural.
Pretender que un organismo cuestionado conduzca el destino electoral de todo un país es, como mínimo, irresponsable. La reforma profunda, y no cosmética, de esta entidad ya no es una opción, sino una necesidad urgente.
Por su parte, el rol del Ministerio Público también deja serias dudas. Bajo la figura de Tomás Aladino Gálvez, señalado en distintos momentos por sus vínculos con redes de corrupción, la institución ha reaccionado tarde y de forma poco convincente.
Tras días de presión mediática, se anunció la solicitud de detención contra el exjefe de la ONPE; sin embargo, en la práctica, el sistema de justicia parece haberse paralizado. El Poder Judicial del Perú no ha mostrado avances claros, alimentando la percepción de impunidad.
Vacío de liderazgo y desconfianza creciente
A esto se suma la figura del presidente José María Balcázar, quien asumió el cargo con tres tareas esenciales: garantizar un proceso electoral transparente, enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y preservar la estabilidad económica. No obstante, su gestión ha estado marcada por el silencio y la falta de liderazgo en momentos críticos.
El reciente escándalo relacionado con la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú ha sido particularmente revelador.
Declaraciones contradictorias entre el mandatario y sus propios ministros, decisiones poco claras y la presión que finalmente obligó al Ministerio de Economía y Finanzas a autorizar desembolsos millonarios, han dejado más preguntas que respuestas.
Ni siquiera se tiene certeza sobre la magnitud exacta de la compra (si serán 12 o 24 aeronaves) ni sobre los plazos reales de entrega.
Frente a este panorama, resulta inevitable preguntarse si el país cuenta realmente con una conducción política firme. La sensación de vacío de poder no es gratuita: responde a una cadena de decisiones erráticas, silencios prolongados y una evidente desconexión con las demandas ciudadanas.
Más allá de las responsabilidades individuales, también corresponde señalar a quienes promovieron y respaldaron estas designaciones desde el Congreso, muchos de los cuales hoy se retiran sin haber rendido cuentas.
La confianza no se impone por decreto ni se recupera con discursos. Se construye con hechos concretos, con instituciones que funcionen y con autoridades que entiendan que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad.
Lamentablemente, en el Perú actual, pareciera que la clase política está más empeñada en socavar esa confianza que en reconstruirla.
