Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?… El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó archivar el caso Cócteles ha remecido la política peruana y podría marcar un antes y un después en varios procesos judiciales vinculados al financiamiento electoral. La decisión favorece directamente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien enfrentaba una acusación por lavado de activos y organización criminal por presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial de 2011 y 2016.
El TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori, anulando las resoluciones judiciales que dieron origen a la investigación.
El argumento principal del máximo intérprete de la Constitución fue que la figura penal utilizada, “receptación patrimonial” vinculada al lavado de activos, no existía en la ley al momento de los hechos, por lo que su aplicación violaba el principio de legalidad y suponía retroactividad penal.
Además, el tribunal sostuvo que participar en una campaña electoral no puede considerarse un acto delictivo, pues su fin es político, no criminal. Si bien la sentencia no declara la inocencia de Fujimori, sí concluye que no existen bases jurídicas válidas para continuar el proceso.
¿Y Ahora Qué?: Impacto judicial y repercusiones políticas
Tras conocerse el fallo judicial, varios procesados por financiamiento irregular de campañas han visto una luz de esperanza. El expresidente Ollanta Humala declaró que “vamos a pelear por nuestra libertad,” al considerar que los aportes de su campaña también ocurrieron antes de 2016, cuando se modificó la legislación.
Abogados penalistas como Carlos Caro y César Nakazaki coinciden en que el criterio del TC podría influenciar apelaciones o pedidos de nulidad, aunque no tiene efecto automático.
Por su parte, el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse aclaró que este fallo no constituye un precedente vinculante, y que cada caso debe evaluarse según sus hechos específicos. En el caso de Susana Villarán, por ejemplo, la naturaleza del delito y su condición de funcionaria pública hacen menos probable un beneficio similar.
Con el archivo del caso, Keiko Fujimori recupera libertad política plena. Aunque no ha confirmado oficialmente su candidatura, ha afirmado que “no renunciará a su derecho de postular” y evalúa participar en las elecciones generales de 2026.
Dirigentes de Fuerza Popular la consideran su “candidata natural,” aunque Keiko ha insinuado que podría ceder la posta a otro líder político si se logra una alianza de centro-derecha.
Analistas señalan que el fallo del TC no solo limpia su panorama judicial, sino que reaviva su proyección política, especialmente en un contexto de fragmentación partidaria y descontento ciudadano con el actual gobierno.
El caso Cócteles, más allá de beneficiar a Keiko Fujimori, marca un precedente político y jurídico que podría alterar el rumbo de otros procesos y del mapa electoral hacia 2026.
Mientras unos celebran la “restitución del debido proceso,” otros alertan sobre una “amnistía judicial encubierta” que podría debilitar la lucha anticorrupción.
Lo cierto es que, tras esta decisión, el fujimorismo vuelve al centro del escenario político peruano, y todo indica que el 2026 volverá a tener el apellido Fujimori en la papeleta. No olvidemos que ésta sería la cuarta vez que Keiko Fujimori postula a la presidencia.
La primera vez fue el 2011 que pasó a segunda vuelta junto a Ollanta Humala. La segunda postulación fue el 2016 y esta vez contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La tercera postulación el 2021 que compitió contra Pedro Castillo (Perú Libre) y perdió en segunda vuelta, con 49.87 % frente a 50.13 %.
Aunque perdió por márgenes muy estrechos, no resultaría extraño que vuelva a perder y el Perú al elegir al presidente “menos” malo.
