Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y AHORA QUÉ?… De víctima a acusada. Una nueva iniciativa legislativa presentada por el congresista Alejandro Muñante, del partido conservador Renovación Popular, ha encendido el debate sobre el enfoque del Estado frente a la violencia de género en el país.
Su propuesta plantea sancionar hasta con 6 años de cárcel a las mujeres que denuncien violencia familiar con pruebas falsas, y además establecer responsabilidad civil y penal para aquellas que retiren la denuncia o decidan guardar silencio durante el proceso judicial.
Muñante sostiene que su propuesta busca disuadir el uso de denuncias falsas como mecanismo de venganza o manipulación. Para justificarla, cita que entre 2018 y 2023 se registraron más de 800 mil denuncias por violencia familiar, pero solo 354 de estos casos terminaron en una sentencia condenatoria.
Sin embargo, el congresista omite mencionar un factor importante: la lentitud y sobrecarga del Poder Judicial. ¿Es justo responsabilizar a las víctimas por una cifra que refleja más la ineficiencia institucional que la existencia de denuncias maliciosas?
En los primeros meses de 2025, según cifras del Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer, 65 mujeres fueron asesinadas por feminicidio, y al menos 7 de ellas ya habían denunciado previamente a sus agresores.
Esto revela una dura realidad: muchas mujeres sí denuncian, pero el sistema no las protege. A menudo, las víctimas dependen económicamente de sus agresores o sufren amenazas constantes, lo que las obliga a retirar la denuncia o guardar silencio, no por engaño o manipulación del sistema, sino por temor a represalias.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado duramente el proyecto. Advierten que ya existen figuras penales para sancionar denuncias falsas, como la difamación, la calumnia o la falsedad genérica. Por ello, no sería necesario crear nuevas penas, y menos aún dirigidas exclusivamente a mujeres, cuando el sistema ya las revictimiza.
Víctimas de violencia: de cada 10 mujeres, 7 han sido víctimas de violencia
Además, la ley no contempla el contexto psicológico, social y cultural en el que ocurren estos actos de violencia. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 7 de cada 10 mujeres en el Perú ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja.
Nadie discute que las mujeres que presenten denuncias falsas deben asumir las consecuencias legales correspondientes. Sin embargo, lo que no se puede permitir es que, a partir de casos aislados, se estigmatice a todas las mujeres que denuncian violencia familiar.
La propuesta legislativa del congresista Alejandro Muñante, al plantear sanciones severas incluso para quienes retiran una denuncia o guardan silencio, parece olvidar que muchas mujeres lo hacen por miedo, dependencia económica o amenazas directas de sus agresores.
No es justo que el sistema castigue el miedo. Y mucho menos que, en lugar de ofrecer protección y justicia efectiva, criminalice a quienes más necesitan apoyo.
