Por: Sandra Bellido Urquizo
Generando resumen...
¿Y Ahora Qué?... En Arequipa se da una paradoja difícil de explicar y más difícil aún de ignorar: la Municipalidad Distrital de Socabaya, conducida por un alcalde seriamente cuestionado e investigado, encabeza el ranking de ejecución presupuestal en inversión pública, superando largamente a municipios con más recursos, más técnicos y menos denuncias.
El alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto no es un gestor que pase desapercibido. Su nombre aparece con frecuencia no por buenas prácticas, sino por pedidos de vacancia, informes de la Contraloría, denuncias por presuntas irregularidades y cuestionamientos éticos. Y, sin embargo, los números oficiales lo colocan en la cima de la eficiencia presupuestal.
Socabaya ha logrado lo que muchos municipios solo prometen: gastar casi todo el dinero asignado para obras. Más del 90 % de ejecución presupuestal, incluso cerca del 96 %, en un país donde la regla no es la eficiencia, sino la incapacidad para ejecutar.
Pero aquí está el punto incómodo que muchos prefieren mirar de reojo: ejecutar no es sinónimo de gestionar bien. Ejecutar rápido no equivale a ejecutar correctamente. Y gastar mucho no significa, necesariamente, gastar mejor.

Eficiencia sin transparencia: una pregunta ética
Cuando un alcalde con ese nivel de cuestionamientos encabeza el ranking regional, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser política y ética: ¿Qué tipo de eficiencia estamos premiando?
Mientras Socabaya corre, otros municipios simplemente no caminan. Distritos como San Juan de Tarucani, Chiguata, Yarabamba, Quequeña o Characato han mostrado ejecuciones miserables, en algunos casos por debajo del 10 % durante buena parte del año. No por falta de dinero, sino por falta de capacidad, voluntad o ambas.
Aquí el problema es inverso: el abandono del presupuesto, la parálisis burocrática y la indiferencia frente a las necesidades de la población. Dinero dormido mientras las brechas sociales siguen abiertas.
El fracaso de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Pero si hay un caso que raya en lo inaceptable, es el de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Con todo a su favor, (presupuesto, técnicos, asesores, gerencias, logística) la MPA no supera el 58 % de ejecución en inversión pública de los 57 millones asignados para el año fiscal 2025. Es decir, casi la mitad del dinero para obras quedó sin gastar.
No estamos hablando de un distrito rural con dos funcionarios y una laptop. Estamos hablando del principal gobierno local de la provincia y la región, incapaz de estar siquiera a la altura de un municipio distrital pequeño. Este fracaso no es técnico. Es político y administrativo.
Socabaya pone sobre la mesa una verdad incómoda: en el Perú se puede gastar mucho dinero público aun estando rodeado de sospechas, y también se puede tener todos los recursos del mundo y no gastar casi nada.
Ambos extremos son dañinos. Porque tan grave es no ejecutar el presupuesto, como hacerlo sin disipar dudas, sin transparencia y sin rendición de cuentas. La eficiencia no puede convertirse en una coartada para eludir controles, ni en una medalla automática para autoridades cuestionadas.
Si algo demuestra este escenario es que la política municipal en Arequipa está atrapada entre dos fracasos: el de los alcaldes que no hacen nada, y el de quienes hacen mucho, pero bajo sospecha.
La ciudadanía no debería elegir entre obras o ética. Exigir ambas cosas no es radicalismo, es sentido común, porque cuando la eficiencia se divorcia de la transparencia, el resultado no es progreso: es desconfianza. Y sin confianza, ningún porcentaje, por alto que sea, puede llamarse buena gestión.
