La Universidad César Vallejo (UCV) enfrenta cuestionamientos por la ausencia de las tesis de maestría y doctorado de María Grimaneza Acuña Peralta, congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, quien además es hermana del fundador de la casa de estudios y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.
Ambos grados académicos fueron obtenidos en 2015 y requerían la presentación de trabajos originales sobre temas vinculados a la administración pública y educación en Lambayeque. Sin embargo, a la fecha, ni la parlamentaria ni la universidad han podido entregar una copia física o digital de dichos documentos.
La controversia surgió a raíz de un pedido formal de Punto Final a la sede de Chiclayo de la UCV, solicitud inicialmente rechazada. No fue hasta que el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia intervino que la universidad emitió una respuesta oficial. En ella, señaló que los archivos se almacenaban en un depósito del campus y que fueron destruidos por las fuertes precipitaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño en 2017.
La universidad no ofreció una justificación clara sobre la falta de versiones digitales de los trabajos, pese a que el respaldo digital ya era una práctica común para entonces. Tampoco se han presentado pruebas físicas de los supuestos daños a las instalaciones o archivos.
La propia congresista evitó responder con claridad cuando se le consultó al respecto, limitándose a afirmar que “todo queda en la universidad” y cuestionando el motivo de la pregunta.
UCV: su hermano César Acuña fue sancionado por plagio
Este caso ha reavivado las críticas sobre la transparencia académica en instituciones educativas vinculadas a figuras políticas, especialmente por los antecedentes de César Acuña, quien fue sancionado por plagio en su tesis doctoral por el Indecopi y multado con 79.500 soles.
Finalmente, diversos expertos y medios han puesto en entredicho la versión de la universidad sobre los daños causados por las lluvias, ya que las zonas más afectadas en Chiclayo no coinciden con el área donde se ubicaban los archivos. A pesar de las exigencias de información, ni la universidad ni la congresista han entregado evidencia concreta que respalde la pérdida de los trabajos académicos.
