El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha confirmado que el presidente Donald Trump ha retomado su política de deportaciones dirigidas a inmigrantes con antecedentes penales, intensificando los operativos contra quienes hayan sido condenados por delitos como fraude matrimonial, posesión de drogas o robo.
A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), USCIS informó sobre la reciente deportación de tres inmigrantes que habían sido arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Los individuos enfrentaban cargos penales que incluían conducción bajo los efectos del alcohol (DUI), ingreso ilegal al país, maltrato infantil, entre otros.
Estas acciones se dan en el marco de nuevas directrices avaladas por la Corte Suprema, que otorgan al gobierno federal la capacidad de deportar incluso a personas a países donde no nacieron originalmente. Con el regreso de Trump al poder, ICE ha recibido mayores facultades para identificar, detener y expulsar a inmigrantes con historial criminal, como parte de una estrategia más agresiva en materia migratoria.
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha implementado un cambio clave en el proceso para solicitar la residencia permanente, eliminando desde el 22 de enero de 2025 el requisito de presentar prueba de vacunación contra el COVID-19.
Con esta modificación, los solicitantes ya no necesitarán incluir el Formulario I-693 relacionado con el examen médico y registro de vacunas para demostrar su inmunización. Además, USCIS dejará de enviar solicitudes adicionales de evidencia o notificaciones de posible rechazo por este motivo.
Aunque esta medida agiliza el proceso, los aspirantes aún deben cumplir con otros criterios, como haber residido y trabajado legalmente en EE. UU. durante al menos cinco años.
