La Junta de Fiscales Supremos designó a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión de seis meses de Delia Espinoza decretada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Gálvez ocupará el cargo por el período que dure la suspensión, y en caso de una destitución definitiva, se convocará a elecciones para elegir al titular. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria y responde a la norma que regula la sucesión basada en la antigüedad, pues aunque Patricia Benavides era considerada favorita, Gálvez asumió el puesto por ser el fiscal con más años en la institución.
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Los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaron asumir el cargo para evitar posibles consecuencias similares a la suspensión de Espinoza, situación que afectaría la institucionalidad del Ministerio Público. En este contexto, Gálvez aceptó asumir el rol y deberá juramentar en los próximos días, enfrentando la tarea de ratificar o modificar los principales cargos dentro de la fiscalía sin causar desestabilización, especialmente ante la posibilidad de que Espinoza consiga un amparo judicial que le permita regresar antes de lo previsto.
Apoyo unánime y expectativas
El Ministerio Público oficializó la designación a través de sus redes sociales, indicando que el cambio se realizó conforme a la antigüedad tras las renuncias de Sánchez y Ávalos. En una entrevista reciente, Gálvez expresó su disposición y confianza en asumir el cargo, señalando:
“Creo que todos los que estamos ahí estamos preparados… si a mí me lo piden, será un honor y voy a dar todo lo mejor de mí”.
Controversias y antecedentes de Tomás Gálvez
El nombramiento de Gálvez no está exento de críticas debido a sus presuntos vínculos con la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, liderada por el exjuez César Hinostroza y el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. Esta organización quedó al descubierto tras la filtración de audios que revelaron intercambios de favores entre jueces y consejeros para obtener beneficios ilegales.
Entre las acusaciones contra Gálvez se incluyen gestiones para favorecer a un campesino condenado por tenencia ilegal de armas, intervención en procesos familiares y facilitar contactos cuestionables con personas involucradas en casos judiciales. Según reportes, sostuvo aproximadamente 20 comunicaciones telefónicas con miembros de esta red.
En 2021, la JNJ destituyó a Gálvez como fiscal supremo, pero el Congreso anuló estas denuncias. Posteriormente, en 2025, el Tribunal Constitucional ordenó su restitución. Aunque el Congreso consideró una posible inhabilitación por estas controversias, la denuncia fue archivada por falta de pruebas contundentes.
El nombramiento de Tomás Gálvez abre un nuevo capítulo en la conducción del Ministerio Público, con la expectativa de que pueda conducir la institución mientras enfrenta cuestionamientos y la inestabilidad generada por la situación de su antecesora, Delia Espinoza.
