El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha declarado fundada la demanda de hábeas corpus presentada por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), detenidos durante la intervención policial al campus en enero de 2023.
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En su sentencia, la Sala Segunda del TC exhorta al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a respetar los derechos a la libertad personal y a la protesta de los manifestantes, instándolos a adecuar sus protocolos y prácticas para garantizar un uso proporcionado de la fuerza, distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y evitar detenciones masivas, bajo responsabilidad .
La intervención policial en la UNMSM, que tuvo lugar el 21 de enero de 2023, fue ampliamente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y la comunidad académica.
Durante el operativo, más de 500 efectivos policiales ingresaron al campus utilizando una tanqueta para derribar la puerta principal, deteniendo a 196 personas, entre estudiantes y visitantes de regiones del sur del país que se habían alojado en la universidad para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte .
La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones denunciaron que la intervención se realizó sin la presencia de representantes del Ministerio Público ni de autoridades universitarias, y que se cometieron diversas irregularidades, como el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tratos degradantes hacia los detenidos.
TC: no es posible reponer la violación de los derechos
La sentencia del TC, emitida en el expediente 02513-2023-PHC/TC, subraya que, aunque los estudiantes fueron liberados y no es posible reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos, los hechos denunciados no han perdido trascendencia constitucional.
Por ello, el TC considera necesario establecer medidas que eviten la repetición de tales vulneraciones en el futuro .
Este fallo representa un precedente importante en la protección de los derechos fundamentales en el contexto de las protestas sociales en el Perú, y refuerza la obligación de las autoridades de actuar conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
