Un total de 15 internos de alta peligrosidad fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Challapalca, tras protagonizar un violento motín y la toma de dos agentes penitenciarios como rehenes el pasado sábado 30 de agosto en el penal de Huacarí, en Cajamarca.
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El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con participación de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, incluyendo efectivos de las regiones de Lima y Chiclayo, además de francotiradores y un despliegue simultáneo de requisas en los pabellones 1, 4, 5 y 7.
Reos con cadena perpetua y vínculos con bandas criminales
Entre los trasladados se encuentran cabecillas y miembros de bandas criminales, algunos con sentencias a cadena perpetua, involucrados en delitos como extorsión, secuestro, sicariato, feminicidio agravado y robo armado.
Figuran nombres como:
- Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez (Los Gatilleros del Callao)
- Pedro Antonio Guailculba Guailculba (de nacionalidad venezolana)
- Carlos Daniel y Jhonatan Nicolás Vera
- Carlos Alberto Castillo Camacaro
- Ryutaro Araki Sánchez Becerra
- Darwin Jhonatan Zapata Carrillo (Los Boca Seca de Bellavista)
- Alex Ever Quezada Tello (ambos con cadena perpetua)
- Gilmer Eduardo Pajares Noriega
- Fernando Gary Jara Saona (Los Malditos de Simón Bolívar)
- Neil Armstrong Abad Mogollón (cabecilla de Los Pumas de Paita)
Según informó el INPE, el motín se desencadenó cuando los internos se resistieron a una revisión de celdas, dos días después de una pelea mortal que dejó un interno fallecido dentro del penal.
“Principio de autoridad” y riesgo latente
El director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, explicó que la decisión de trasladar a estos internos se tomó para restablecer el principio de autoridad y prevenir delitos desde dentro del penal.
Según la Resolución Directoral N.° 014-2025-INPE/DISEPE, la permanencia de estos internos representaba un riesgo inminente para el personal, la población penal y las comunicaciones del penal de Cajamarca.
El motín también puso en evidencia las debilidades del sistema penitenciario, especialmente en cuanto a la protección del personal penitenciario. Desde el sector Justicia reconocieron que “hay que profundizar en el cuidado de los funcionarios” y mejorar los protocolos de seguridad.
