La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que plantea una acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por presunta concusión relacionada con el uso indebido de vacunas experimentales de Sinopharm durante la pandemia de covid-19. La decisión fue respaldada con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
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El documento concluye que ambos exfuncionarios habrían abusado de sus cargos para acceder a dosis del ensayo clínico realizado en 2020. En el caso de Vizcarra, se indica que gestionó vacunas para él y sus allegados mientras estaba en el cargo. Pilar Mazzetti, por su parte, habría incurrido en una conducta semejante al encabezar el Ministerio de Salud.
Con este paso, la Subcomisión deberá remitir el informe a la Comisión Permanente, instancia que decidirá si se conforma un grupo encargado de sustentar la denuncia ante el Pleno del Congreso.
Durante la sesión, también se archivaron denuncias contra las congresistas María Córdova Lobatón y Hilda Portero López, al considerarse improcedentes. En paralelo, avanza la investigación contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala por supuestas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
¿Qué implica la acusación por concusión?
El delito de concusión se configura cuando un servidor público utiliza su posición para obtener beneficios indebidos. El informe sostiene que Vizcarra y Mazzetti habrían vulnerado el principio de igualdad ante la ley al acceder a vacunas al margen de los protocolos de investigación.
El escándalo que luego sería conocido como ‘Vacunagate’ se hizo público en 2021, y afectó a más de 400 personas entre funcionarios y allegados. Como consecuencia, Mazzetti presentó su renuncia, mientras que la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, fue separada del cargo tras admitirse haber sido vacunada.
