Sigue el megajuicio en Arequipa y ya hay sentenciados Los primeros 14 de los 46 procesados por su participación en la matanza de 14 personas en Atico, en la provincia Caravelí, ocurrida durante un violento enfrentamiento armado entre integrantes de las asociaciones de mineros Calpa Renace y Atico Calpa, fueron sentenciados por los delitos de usurpación agravada y homicidio simple.
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El enfrentamiento, ocurrido el 2 de junio de 2022 en el cerro Huanaquita, provincia de Caravelí, dejó un saldo de 14 fallecidos en medio de la disputa por el control de la explotación de oro en los denuncios de la compañía minera Intigol Mining S.A.. La tragedia marcó uno de los episodios más sangrientos relacionados con la minería informal en la región Arequipa.
Durante la audiencia del megajuicio en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el Juzgado Colegiado de Camaná aprobó los acuerdos condenatorios alcanzados entre la Fiscalía de Crimen Organizado y las defensas de los imputados.
Mediante el mecanismo de conclusión anticipada, se impusieron condenas que van desde 3 años y seis meses por usurpación agravada hasta 17 años de cárcel por homicidio simple, según el grado de participación de cada acusado.
Entre los sentenciados por usurpación se encuentran Rolando López Díaz, Kevin Tamani Gonza, Jeferson Paitán Castro, Pedro Flores Neyra, Christoper Morales Tineo, Roswel Tuanama Romay y Adalberto Mego Castillo. Mientras que Alberto Vilcapuma Aragonez, Clifor Mejía Laberiano, Miguel Montes de la Cruz, Juan Manchego Maeda, entre otros, recibieron condenas adicionales por homicidio simple.
Sentenciados: Cumplimiento de penas y confesiones por muerte de mineros
Algunos de los sentenciados que permanecían en el penal de Socabaya con prisión preventiva por usurpación agravada podrán salir en libertad, ya que cumplieron gran parte de su sentencia. El tiempo restante será reemplazado por jornadas de trabajo comunitario.
Durante la investigación, dirigida por la fiscal Marica Cabana, varios procesados se acogieron a la confesión sincera, proporcionando información clave para reconstruir cómo ambos bandos planificaron el desalojo armado. De acuerdo con las declaraciones, los participantes recibían pagos de 400 soles diarios, y quienes permanecían como seguridad ganaban 4 mil soles mensuales si tenían armas cortas y hasta 6 mil soles si portaban armamento de largo alcance.
Los testimonios también revelaron cómo fueron contratados, trasladados y hospedados los sicarios, además de identificar a los responsables de dirigir los grupos armados. Del total de procesados, 32 aún deberán afrontar juicio oral por delitos más graves vinculados a la masacre.
De las 14 víctimas mortales, 10 pertenecían a Atico Calpa y 4 a Calpa Renace, lo que refleja la magnitud del conflicto criminal por el control de los terrenos auríferos en Caravelí. Con estas primeras sentencias, la justicia peruana busca esclarecer uno de los casos más violentos ligados a la minería informal en el sur del país.
