El ingreso del candidato presidencial y congresista Roberto Sánchez al penal de Barbadillo este domingo 7 de junio generó una fuerte polémica política y jurídica, luego de su visita al expresidente Pedro Castillo durante la jornada electoral.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defendió la legalidad del ingreso del congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez al penal de Barbadillo durante la jornada electoral para visitar al expresidente Pedro Castillo. Según la institución, el acceso se fundamentó en el reglamento que permite a los parlamentarios ingresar a centros de reclusión en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, diversos legisladores, juristas y periodistas cuestionaron el hecho al considerarlo una posible vulneración al principio de neutralidad estatal. Ante la controversia, se ha solicitado la presencia del ministro de Justicia ante el Congreso para esclarecer las circunstancias de esta visita en un contexto electoral.
- El INPE sostuvo que el ingreso de Roberto Sánchez se realizó bajo el amparo del artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
- El congresista Alejandro Muñante exhortó a la Comisión de Fiscalización a citar al ministro de Justicia para explicar posibles actos proselitistas.
- El exministro José Tello calificó la situación como una violación inaceptable al principio de neutralidad electoral.
- La entidad penitenciaria descartó el otorgamiento de privilegios y precisó que el legislador ingresó sin comitiva y siguiendo los protocolos de identificación.
Mientras diversos actores cuestionaron una eventual afectación al principio de neutralidad estatal, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defendió el procedimiento y aseguró que el acceso estuvo permitido por la normativa vigente.
A través de un comunicado oficial emitido este 7 de junio, el INPE sostuvo que el ingreso de congresistas a establecimientos penitenciarios está amparado en el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el cual permite el acceso previa identificación y en ejercicio de sus funciones parlamentarias.
La entidad precisó que Roberto Sánchez ingresó solo al penal y sin comitiva, descartando privilegios o autorizaciones especiales. Asimismo, indicó que no facilitó actividades proselitistas y que únicamente aplicó el régimen legal de ingreso correspondiente.
INPE defiende procedimiento y descarta irregularidades
En su pronunciamiento, el INPE señaló que impedir el ingreso de un congresista sin sustento legal podría constituir una actuación arbitraria. También remarcó que no tiene competencia para evaluar la finalidad política o el eventual uso indebido de la facultad parlamentaria.
“La neutralidad de la administración pública exige aplicar la ley de manera objetiva”, indicó el organismo, agregando que cualquier cuestionamiento sobre una eventual actuación fuera de funciones corresponde al Congreso de la Rephttps://www.congreso.gob.pe/ública o a las autoridades competentes.
Además, la institución enfatizó que no puede crear restricciones no previstas en la ley ni limitar atribuciones reconocidas a miembros de otros poderes del Estado.
Congresistas, juristas y periodistas cuestionan la visita
Las críticas surgieron luego de conocerse la visita del candidato presidencial al penal donde permanece recluido Pedro Castillo. Según declaraciones recogidas por el diario Expreso, el congresista Alejandro Muñante exhortó a la Comisión de Fiscalización del Congreso a citar de manera urgente al ministro de Justicia para que explique las circunstancias del ingreso.
El parlamentario señaló que el hecho podría constituir un acto proselitista dentro de un establecimiento estatal, situación que —según indicó— debe ser esclarecida.
En la misma línea, el exministro de Justicia José Tello Alfaro calificó la situación como “inaceptable” y sostuvo, en declaraciones a Expreso, que se habría permitido una afectación al principio de neutralidad electoral.
“Es una vergüenza que en el Ministerio de Justicia se haya permitido una violación del principio de neutralidad al dejar entrar a un candidato el día de la elección a recibir un resultado electoral en un penal como Barbadillo”, afirmó el exministro, quien además consideró que el caso podría derivar en responsabilidades políticas.
Asimismo, el abogado Humberto Abanto cuestionó el rol del Ministerio de Justicia, del INPE y de la administración penitenciaria, señalando que las autoridades debieron garantizar el respeto a la neutralidad electoral durante el proceso.
Por otro lado, el periodista y excandidato presidencial Carlos Espá cuestionó la visita realizada por Roberto Sánchez durante el programa Elige Bien de Willax Televisión.
Espá rechazó la interpretación según la cual la condición de congresista habilita un ingreso sin cuestionamientos al penal y sostuvo que el caso representa un uso indebido de una atribución parlamentaria.
“La ley no ampara el abuso del derecho. Eso no es representación parlamentaria, eso no es una inspección, eso es un uso politiquero”, manifestó.
También criticó el accionar de las autoridades frente a los incidentes ocurridos en exteriores del penal de Barbadillo y cuestionó la pasividad policial frente a agresiones denunciadas contra periodistas.
La controversia se produce en medio del proceso electoral y ha reabierto el debate sobre los límites de las prerrogativas parlamentarias y el deber de neutralidad estatal en contextos políticos sensibles.
