La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha iniciado una investigación en la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno por un presunto esquema de corrupción relacionado con el manejo de papeletas de tránsito. El caso se desarrolla con apoyo de la Policía Anticorrupción de Puno, que ha recopilado información preliminar sobre posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la PNP investigan una presunta red de corrupción en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno vinculada al manejo de papeletas. Las autoridades indagan el cobro de sobornos para reducir o evitar sanciones por infracciones graves del Reglamento Nacional de Tránsito, como las faltas M1, M2 y M3. Durante las diligencias dirigidas por el fiscal Arturo Zirena Asencio, se intervino la sede municipal y se detuvo a un abogado de asesoría legal. El actual gerente, Elard Castillo Terrazas, deslindó responsabilidad indicando que las irregularidades provendrían de gestiones anteriores.
- La investigación fiscal apunta a una presunta manipulación sistemática del sistema de multas de tránsito para favorecer a infractores.
- Se evalúa si los implicados, entre funcionarios y particulares, conforman una organización criminal orientada a obtener beneficios ilegales.
- Las autoridades incautaron documentación de varios años de gestión y procedieron con la detención de un servidor público en funciones.
- La gerencia actual informó la renovación de hasta el 90% del personal tras detectar irregularidades administrativas internas.
El proceso está a cargo del fiscal provincial Arturo Zirena Asencio y cuenta con la participación de la PNP–Puno.
Presuntos cobros indebidos y alcance del caso
Según la hipótesis fiscal, algunos trabajadores habrían recibido dinero o beneficios a cambio de reducir o evitar sanciones a conductores infractores. El Ministerio Público señaló que estos pagos se habrían realizado “con el propósito de favorecerlos en la aplicación de sanciones o eludir las mismas”, lo que sugiere una posible manipulación sistemática del sistema de multas.
Las investigaciones están centradas en infracciones graves del Reglamento Nacional de Tránsito (M1, M2 y M3), lo que incrementa la gravedad del caso. Además, no se descarta que en la presunta red hayan participado no solo funcionarios municipales, sino también particulares y algunos efectivos policiales, cada uno con roles específicos dentro de la estructura investigada. Incluso, la Fiscalía evalúa si los hechos podrían corresponder a una organización criminal orientada a beneficios económicos ilegales.
Por otro lado, el actual gerente de Transportes, Elard Castillo Terrazas, negó cualquier vínculo con los investigados y afirmó que se trataría de personal de gestiones anteriores. En declaraciones a la prensa, expresó: “A mí me causa sorpresa que hoy haya intervenido la Gerencia de Transportes, nosotros estamos brindando todas las facilidades, nadie nos había dicho nada.” Esta versión fue brindada luego de la intervención fiscal realizada en la oficina municipal.
Durante las diligencias, la Fiscalía y la PNP solicitaron documentación de varios años de gestión y detuvieron a un abogado de asesoría legal que se encontraba en funciones. Según la autoridad municipal, al asumir el cargo encontró una situación interna compleja, lo que lo llevó a renovar entre el 80% y 90% del personal de distintas áreas.
Asimismo, indicó que se detectaron documentos irregulares que fueron anulados y derivados a instancias administrativas y fiscales. Aunque se inició su revisión formal, la gerencia no presentó denuncias adicionales, limitándose a remitir la información requerida por el Ministerio Público dentro de los plazos establecidos.
