La jueza del Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Soledad Bellido Angulo, realizó una visita inopinada al penal de varones de Penal de Socabaya con el objetivo de verificar las condiciones carcelarias en las que se encuentran los internos, en el marco de varios procesos de hábeas corpus presentados por los reclusos que alegan problemas de salud.
La magistrada Soledad Bellido Angulo, del Primer Juzgado Constitucional de Arequipa, realizó una inspección inopinada al penal de Socabaya para verificar las condiciones de salud de los internos. Esta diligencia se enmarca en la evaluación de cinco procesos de hábeas corpus que denuncian la vulneración de derechos fundamentales por las deficientes condiciones carcelarias. Durante la visita, se constató que el hacinamiento supera el 180 %, lo cual obstaculiza el acceso a servicios básicos de higiene y atención médica. La jueza emitirá próximamente las sentencias respectivas contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras recabar la evidencia necesaria.
- La jueza Soledad Bellido inspeccionó el penal de Socabaya tras demandas de hábeas corpus por temas de salud.
- Se verificó un hacinamiento crítico del sistema penitenciario que vulnera la dignidad y la resocialización de los reos.
- La situación persiste pese a que el Tribunal Constitucional declaró un "Estado de Cosas Inconstitucional" en 2020.
- Las deficiencias en infraestructura y servicios básicos evidencian una respuesta estatal insuficiente ante la crisis.
- El Poder Judicial emitirá sentencias en los próximos días emplazando a las autoridades del INPE.
La diligencia se efectuó como parte de la evaluación de cinco acciones constitucionales que se tramitan en el Primer y Segundo Juzgado Constitucional, las cuales buscan proteger los derechos fundamentales de los internos, especialmente el derecho a la salud, que estaría siendo afectado por las deficientes condiciones de reclusión dentro del establecimiento penitenciario.
Durante la inspección judicial, se dejó constancia de que el sistema penitenciario atraviesa una grave crisis de hacinamiento, con niveles que superan el 180 % de su capacidad a nivel nacional.
Esta situación, según el diagnóstico recogido en la diligencia, limita el acceso a servicios básicos de salud, higiene y seguridad, afectando la dignidad de las personas privadas de libertad y dificultando los procesos de resocialización de la pena.
Hacinamiento carcelario fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional
El problema del hacinamiento en las cárceles del país ya había sido advertido por el Tribunal Constitucional del Perú, que en el año 2020 emitió la sentencia STC 05436-2014-PHC, mediante la cual declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional” en el sistema penitenciario debido a la sobrepoblación crítica en los establecimientos penales.
En dicha resolución, el máximo intérprete de la Constitución ordenó al Estado implementar medidas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones penitenciarias, otorgando un plazo que venció el 5 de mayo de 2025.
Sin embargo, según lo constatado durante la inspección judicial, aún persisten serias deficiencias en infraestructura, atención médica y servicios básicos, lo que evidencia una respuesta estatal insuficiente frente a la crisis penitenciaria.
Finalmente, la magistrada Soledad Bellido Angulo informó que en los próximos días emitirá sentencia en los procesos de hábeas corpus que se encuentran en su despacho, tras haber recabado los elementos necesarios durante la diligencia.
En estas demandas constitucionales han sido emplazadas las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes deberán responder por las condiciones en las que se encuentran los internos del penal.
