El Poder Judicial confirmó que Adrián Villar continuará en prisión preventiva por nueve meses, tras ser investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro. Con esta decisión, el imputado permanecerá recluido en el penal Miguel Castro Castro hasta noviembre de este año.
La Novena Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la orden de nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. El tribunal determinó que la medida es proporcional y razonable para garantizar la eficacia del proceso penal por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga. Con este fallo, el imputado permanecerá recluido en el penal Miguel Castro Castro hasta noviembre de este año mientras continúan las diligencias fiscales. Por su parte, la defensa técnica cuestionó la proyección de la pena y el riesgo de fuga, argumentando que existen medidas alternativas menos gravosas como la vigilancia electrónica.
- La Corte Superior de Justicia de Lima confirmó nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.
- Los cargos que enfrenta el investigado incluyen presunto homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente en San Isidro.
- El tribunal consideró que la medida privativa de la libertad cumple con el test de proporcionalidad y asegura la presencia del imputado ante una posible pena efectiva.
- La defensa legal de Villar argumentó falta de riesgo de fuga y solicitó sin éxito medidas alternativas como vigilancia electrónica y caución económica.
- El procesado cumplirá la medida de internamiento en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro hasta el mes de noviembre.
Tribunal respalda proporcionalidad de la medida
La resolución fue emitida por la Novena Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ratificó la medida al considerar que cumple con los criterios legales. Villar es investigado por presunto homicidio culposo, omisión de socorro y por la supuesta fuga del lugar del accidente, en agravio del Estado.
En el documento judicial se señala de manera expresa que “la prisión preventiva supera el test de proporcionalidad”, motivo por el cual se rechazaron los argumentos presentados por la defensa en esta instancia. Asimismo, el tribunal sostuvo que el plazo de nueve meses solicitado por el Ministerio Público resulta razonable, ya que busca asegurar no solo la presencia del investigado, sino también la eficacia del proceso, considerando que podría imponerse una pena efectiva y prolongada.
Los magistrados también dejaron constancia de que la resolución inicial estuvo debidamente fundamentada, por lo que no se detectaron irregularidades que justifiquen su modificación, concluyendo que correspondía confirmar la medida impuesta.
Defensa cuestiona argumentos de la Fiscalía
Por su parte, la defensa legal de Villar, encabezada por el abogado César Nakazaki, objetó los fundamentos utilizados para estimar la posible pena. Según argumentaron, la supuesta infracción de normas de tránsito no fue incluida inicialmente en la investigación preparatoria ni en el pedido de prisión preventiva, por lo que —a su juicio— la proyección de la pena carecería de legalidad.
En relación con el riesgo de fuga, la defensa sostuvo que no existen elementos concretos que indiquen que el acusado intentará evadir la justicia. Indicaron que cuenta con arraigo en el país a nivel laboral, familiar, domiciliario y académico. Además, afirmaron que hubo una interpretación errónea de su conducta, señalando que se presentó ante las autoridades cuando aún no había sido plenamente identificado como responsable.
Respecto al presunto riesgo de obstaculización, los abogados consideraron que el supuesto borrado de mensajes no tiene relevancia probatoria al tratarse de comunicaciones privadas. En esa línea, resaltaron que la entrega voluntaria de su celular evidenciaría una actitud de colaboración con la investigación.
Finalmente, la defensa insistió en que la prisión preventiva no sería necesaria, ya que —según indicaron— existen alternativas viables como el uso de vigilancia electrónica, restricciones de movilidad, impedimento de salida del país y el pago de una caución económica. También cuestionaron que no se haya explicado en primera instancia por qué estas medidas no serían suficientes para mitigar los riesgos del proceso.
