Diversos gremios y organizaciones sociales de Puno confirmaron que continuarán con las movilizaciones en contra del gobierno de José Jerí. El descontento se originó luego de que el mandatario sustentara el informe que permitió archivar la denuncia constitucional por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
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Aunque las marchas convocadas para el 14 y 15 de octubre no lograron una participación masiva debido a que comunidades quechuas y aymaras se encuentran en plena temporada de siembra, los dirigentes acordaron mantenerse en sesión permanente ante la posible llegada de Jerí o de representantes de grupos políticos de derecha al altiplano.
Jean Villanueva, integrante de una de las facciones de la Generación Z, destacó que Puno es una región con fuerte vocación de lucha y señaló que, siempre que sea necesario, viajarán desde Lima para respaldar las expresiones de protesta que exigen justicia para las víctimas de 2023.
Por su parte, Ana María Coaquira, dirigente quechua de Azángaro, aseguró que la resistencia no ha disminuido a pesar de la baja presencia en las calles. Explicó que, debido al trabajo agrícola que se extiende hasta el 8 de diciembre, muchos no pueden movilizarse, pero la postura frente al Ejecutivo se mantiene intacta. “No queremos a nadie de Lima. Nos rechazamos. No olvidamos todo lo que nos maltrataron”, afirmó, remarcando que la protesta continúa desde las comunidades.
Coordinación con familiares de las víctimas
En Juliaca también se intentó realizar una movilización programada para este sábado; sin embargo, tampoco logró convocatoria significativa. Aun así, los dirigentes aprobaron nuevas acciones de protesta que se desarrollarán junto con los familiares de las 18 víctimas del 9 de enero de 2021.
Raúl Samillan, presidente de la asociación que agrupa a los deudos, manifestó que participarán en todas las iniciativas que contribuyan a lograr justicia para sus seres queridos.
