Una organización de víctimas formalizó una denuncia penal contra Cristopher Puente Viena, conocido como “CristoRata”, por presunta discriminación étnica hacia la población puneña y andina. La acción fue presentada ante la Fiscalía Supraprovincial de Puno luego de la difusión de un video en redes sociales tras conocerse los resultados de las Elecciones Generales 2026.
Una organización de víctimas presentó una denuncia penal contra Cristopher Puente Viena, conocido como “CristoRata”, por presunta discriminación étnica tras las Elecciones Generales 2026. La acusación se basa en un video difundido en redes sociales donde el denunciado emite insultos racistas dirigidos a la población de Puno y de origen andino. Raúl Constantino Samillan Sanga, representante de la organización, señaló que estas expresiones constituyen actos de humillación y estigmatización que atentan contra la identidad cultural de la región. La denuncia solicita investigaciones preliminares, peritajes antropológicos y la plena identificación de las cuentas digitales del acusado bajo el marco del Código Penal peruano.
- La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Supraprovincial de Puno el 17 de abril en la ciudad de Juliaca.
- El sustento legal se basa en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación con penas de hasta tres años de cárcel.
- Los denunciantes solicitaron peritajes antropológicos, socioculturales e informáticos para verificar la autenticidad y el contenido del video.
- La acción legal argumenta un móvil discriminatorio agravado por el contexto político-electoral posterior a los resultados de la ONPE.
Expresiones ofensivas y sustento legal de la denuncia
En el material audiovisual, el denunciado lanzó frases como “serranos de mierda”, “andinos burros” y “¿Qué le pasa a Puno? rojos de mierda”, dirigidas —según la acusación— a ciudadanos de origen andino. El presidente de la organización denunciante, Raúl Constantino Samillan Sanga, sostuvo que estas declaraciones constituyen actos de humillación y estigmatización contra este grupo, señalando que se trata de un ataque directo a su identidad cultural.
De acuerdo con el artículo 323 del Código Penal, este tipo de conductas puede ser sancionado con penas de hasta tres años de prisión, especialmente si se difunden a través de plataformas digitales. En ese sentido, los denunciantes consideran que el hecho se agrava por haberse producido inmediatamente después de los resultados oficiales emitidos por la ONPE, lo que —según indicaron— revela un “móvil discriminatorio agravado por contexto político-electoral”.
La organización, que agrupa a familiares de víctimas de las protestas ocurridas entre 2022 y 2023, advierte que la difusión del video genera un serio daño a la dignidad e igualdad de los ciudadanos puneños.
En cuanto a las diligencias solicitadas, se ha pedido preservar el video como evidencia, así como realizar peritajes antropológicos y socioculturales que permitan evaluar el contenido discriminatorio. También se solicitó una pericia informática para verificar la autenticidad y difusión del material en redes.
Los abogados del caso explicaron que la denuncia se sustenta en normas nacionales e internacionales, incluyendo la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre discurso de odio. Asimismo, precisaron que la acción fue presentada el 17 de abril en Juliaca e incluye el pedido de iniciar investigaciones preliminares, tomar la declaración del acusado e identificar plenamente sus cuentas digitales.
