Puno. Las organizaciones de víctimas de las protestas sociales ocurridas entre 2022 y 2023 expresaron su rechazo a la decisión del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez Villegas de desactivar los equipos fiscales especiales que investigaban estos hechos. La medida compromete el avance de los procesos vinculados a la muerte de 71 personas en distintas regiones del país, entre ellas 18 ciudadanos fallecidos en Juliaca durante las manifestaciones.
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Familias de Puno denuncian intento de impunidad
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, sostuvo que esta determinación representa un grave retroceso para el acceso a la justicia. En su pronunciamiento público, advirtió que el objetivo sería prolongar los casos hasta que queden en el olvido, tal como —según recordó— ocurrió en décadas pasadas, cuando muchas familias esperaron durante años sin obtener respuestas del sistema judicial.
El dirigente explicó que, con la eliminación de los equipos especializados, los expedientes pasarán a manos de fiscales que no conocen el detalle de las investigaciones, lo que podría generar nuevas dilaciones. Además, cuestionó la autoridad moral del fiscal interino, aludiendo a presuntos vínculos con la red de corrupción conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, que operó dentro del sistema de justicia peruano.
Ante este escenario, la organización nacional de víctimas anunció la adopción de medidas extremas de protesta. Entre las acciones evaluadas figuran huelgas de hambre frente a instituciones como el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. “No nos vamos a quedar callados, vamos a exigir justicia. Para evitar eso, tendrán que matarnos”, declaró Samillán, reafirmando la determinación de las familias afectadas.
Asimismo, informó que representantes de distintas regiones se reunirán en Juliaca para coordinar una estrategia conjunta. Según indicó, también se analiza la posibilidad de realizar una marcha de sacrificio hacia Lima con el fin de visibilizar sus demandas ante las autoridades nacionales y organismos internacionales de derechos humanos.
La desactivación no solo alcanzó al equipo encargado de los casos de víctimas de protestas sociales, sino también a otros tres grupos especiales: el que investigaba a Los Cuellos Blancos del Puerto, el equipo Odebrecht–Lava Jato y el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Esta decisión ha despertado serias dudas sobre el compromiso del Estado peruano para esclarecer casos emblemáticos de violencia y corrupción.
Finalmente, los deudos manifestaron su temor de que la justicia vuelva a convertirse en una promesa lejana, repitiendo escenarios de impunidad del pasado. A través de la movilización social, buscan revertir la medida y garantizar que se esclarezcan las muertes ocurridas durante las protestas en todo el país.
