A menos de un mes de asumir el cargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, ha convertido en eje central de su gestión la controvertida iniciativa de reconstruir el penal El Frontón, ubicado en la isla del mismo nombre. Respaldado por la presidenta Dina Boluarte, quien incluso inspeccionó el terreno con rapidez inusual, el proyecto busca enfrentar el problema del hacinamiento en los penales peruanos.
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Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta es inviable, no solo por sus costos excesivos, sino también por sus complejidades logísticas.
Según estimaciones del exjefe del INPE, Javier Llaque, la construcción del nuevo penal podría costar hasta 5.000 millones de soles, una cifra que representa cinco veces el presupuesto actualizado del Instituto Nacional Penitenciario (1.130 millones de soles). Para Llaque, ese dinero podría utilizarse con mayor eficacia: “Con ese dinero, podríamos construir 20 penales y prácticamente eliminar el hacinamiento en el país”, declaró.
Por su parte, Cecilia Capacharín, exdirectora del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (Cenecp), recordó que la isla carece de servicios básicos, por lo que el costo de acondicionamiento sería altísimo. Además, enfatizó que los gastos no se limitan a la infraestructura, sino que también incluirían logística, transporte y planillas para personal penitenciario.
“No es solo cemento”: personal, traslados y tiempos inciertos
Capacharín explicó que un penal destinado a albergar a 2.000 internos como propone el Ejecutivo, debería ser de tipo A, lo que implica contar con al menos cuatro subdirecciones, además de administración, salud y seguridad penitenciaria. Según sus cálculos, se necesitarían entre 120 y 150 trabajadores, incluyendo 100 agentes penitenciarios, 20 administrativos y 20 para tratamiento.
En ese sentido, advirtió: “No solo es planilla, también el costo del traslado del personal. No quiero imaginar que, en caso el penal empiece a funcionar, se le cargue ese gasto de traslado a los propios trabajadores”.
A esto se suma el problema de los plazos. Capacharín recordó que el megapenal de Ica, aprobado en 2013, aún no ha sido terminado más de una década después. “Puede demorar un año como también diez”, afirmó, sugiriendo que la ejecución de El Frontón podría fácilmente extenderse más allá de dos gestiones presidenciales.
Juan Santiváñez: “Es mentira que costará 5.000 millones”
Ante las críticas, Santiváñez rechazó públicamente las cifras mencionadas por los expertos. En una entrevista, aseguró que los estudios técnicos ya existentes estiman un costo mucho menor. “Es una mentira lo que nos han hecho creer durante años, que El Frontón costaría 5.000 millones de soles. El costo aproximado es de 500 millones de soles”, afirmó con contundencia.
Además, informó que contará con apoyo de las Fuerzas Armadas para preparar el terreno y que el Ministerio de Vivienda ya colabora en la emisión de un Decreto Supremo para habilitar la construcción usando nuevos métodos en bloques modulares.
Una propuesta reciclada
La idea de reabrir El Frontón no es nueva. En 2023, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo, usando también el argumento del hacinamiento carcelario. Su propuesta, sin embargo, omitía cualquier análisis económico serio. Según Soto, el plan no generaría mayores costos para el Estado, afirmación que, a la luz de los datos actuales, resulta falsa.
Al igual que Santiváñez, Soto sostenía que la reapertura permitiría aislar a los delincuentes de alta peligrosidad. Su proyecto fue respaldado por el entonces vocero del partido de la lampa, José Arriola, pero quedó estancado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde continúa sin avances.
¿Solución al hacinamiento o gasto desmedido?
La propuesta de Santiváñez ha abierto un debate que trasciende lo técnico. Mientras el gobierno insiste en mostrar decisión frente a la inseguridad y el hacinamiento, especialistas alertan que construir El Frontón podría convertirse en una obra emblemática de gasto desproporcionado, sin garantías de éxito ni de ejecución en el corto plazo.
Por ahora, el ministro mantiene firme su postura. Pero la gran pregunta sigue en pie: ¿vale la pena invertir cinco veces el presupuesto penitenciario en un solo penal que aún ni siquiera cuenta con agua ni luz?
