La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público presentó una denuncia penal contra nueve personas, entre ellas Antauro Humala, Hernando Cevallos y Claudia Cisneros, por la presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado peruano, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.
La Procuradura Pblica Especializada en Delitos Contra el Orden Pblico present una denuncia penal contra nueve personas, entre ellas Antauro Humala y Claudia Cisneros, por presunta perturbacin de la tranquilidad pblica. El procurador Moiss Vega de la Cruz solicit el inicio de una investigacin preliminar basndose en informes de inteligencia de la Polica Nacional que identifican actos de azuzamiento en plataformas digitales. La medida tambin comprende a Hernando Cevallos y diversos dirigentes, en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. Ante la acusacin, los denunciados Roberto Snchez y Claudia Cisneros rechazaron la medida argumentando que se busca criminalizar la libertad de expresin y la participacin poltica. El Ministerio Pblico deber evaluar ahora si existen fundamentos suficientes para formalizar la investigacin.
- La Procuradura denunci a nueve personas por presunta perturbacin del orden pblico ante la Fiscala Corporativa Penal de Lima.
- Informes de inteligencia de la Dirincri sustentan la denuncia sealando conductas de incitacin a la confrontacin en redes sociales.
- Entre los denunciados figuran Antauro Humala, la periodista Claudia Cisneros y el exministro Hernando Cevallos.
- Los sealados rechazan las imputaciones y defienden su derecho a la libertad de expresin y a la movilizacin ciudadana pacfica.
La medida fue interpuesta por el procurador Moisés Vega de la Cruz, quien solicitó el inicio de una investigación preliminar ante la Fiscalía Corporativa Penal de Lima.
La denuncia también comprende a César Tito Rojas, Lucio Ccallo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar, quienes habrían participado en acciones y publicaciones relacionadas con el contexto político y electoral de las últimas semanas.
Informes policiales sustentan la denuncia
De acuerdo con el documento presentado por la Procuraduría, entre los principales elementos de convicción figuran dos oficios elaborados por la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Inteligencia contra la Criminalidad (Divincri) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Estos informes identifican presuntas conductas de azuzamiento e incitación a la confrontación difundidas mediante plataformas digitales.
Asimismo, la Procuraduría adjuntó registros fotográficos de publicaciones realizadas en redes sociales, así como dos informes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, los cuales forman parte del expediente remitido al Ministerio Público.
El documento legal fue dirigido formalmente a la Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, instancia que ahora deberá evaluar si corresponde iniciar diligencias preliminares y determinar la existencia de elementos suficientes para continuar con la investigación.
Roberto Sánchez y Claudia Cisneros rechazan acusaciones
Tras conocerse la denuncia, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar la medida. En su mensaje sostuvo que no aceptará la criminalización ni el amedrentamiento de quienes, según afirmó, ejercen la legítima defensa de los derechos democráticos y la voluntad popular.
Por su parte, la periodista Claudia Cisneros emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente la denuncia en su contra. La comunicadora sostuvo que expresar opiniones políticas, cuestionar decisiones de las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar movilizaciones ciudadanas pacíficas constituyen actos legítimos de participación política y libertad de expresión.
Además, Cisneros manifestó su preocupación por lo que considera un intento de convertir el ejercicio de derechos fundamentales en materia de persecución penal. En ese sentido, afirmó que investigar a ciudadanos por sus opiniones o por respaldar acciones democráticas y pacíficas podría representar una forma de intimidación frente al disenso político.
La Fiscalía será la encargada de evaluar la documentación presentada por la Procuraduría y determinar si existen fundamentos para abrir una investigación formal contra los denunciados en el contexto de la actual coyuntura electoral del país.
