Una denuncia por presuntas contrataciones irregulares en la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) involucra directamente a la procuradora adjunta, Luz Amparo Begazo de Dávila.
La funcionaria, de acuerdo a la denuncia presentada por Edwin Martínez Concha, es señalada por permitir la contratación de María Fernanda Atamari Loayza, hija de su secretaria de confianza, y por favorecer que locadores superen el año de servicio continuo, lo que les otorga derechos laborales según la ley.
De acuerdo a la denuncia que ya fue ingresada a la Contraloría y al GRA, María Fernanda Atamari Loayza trabajó en la misma oficina que su madre, María Genara Loayza Farfán, quien se desempeña como secretaria personal de Luz Amparo Begazo desde hace una década.
Ambas compartieron labores en la Procuraduría Regional, lo que representa un posible caso de nepotismo, al existir un vínculo de consanguinidad en primer grado entre madre e hija.
Este hecho, según la denuncia de Martínez Concha, se considera un incumplimiento al artículo 11, incisos F y H, de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe contratar a personas con vínculos familiares directos con servidores públicos dentro de la misma entidad.
atamari.begazo.contraloria-1-10Reposición laboral por “derechos ganados”
Tras superar el año de servicios ininterrumpidos bajo la modalidad de locación, Atamari Loayza interpuso una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa, exigiendo su reposición laboral, amparándose en la Ley N.° 24041, que otorga estabilidad a trabajadores que prestan servicios continuos en el Estado.
Llamó la atención que la Procuraduría no contestó la demanda dentro del plazo legal. Esta omisión incrementó las sospechas de un presunto favoritismo hacia la hija de la secretaria, en perjuicio de los intereses del Gobierno Regional.
Los pagos realizados a Atamari también presentan irregularidades. A pesar de realizar funciones similares a otros locadores, sus honorarios fluctuaron considerablemente durante su contratación.
Por ejemplo, en enero de 2025 le pagaron S/ 6,000 en tres armadas de S/ 2,000. En noviembre de 2024 recibió dos pagos de S/ 4,500, totalizando S/ 9,000. En julio de 2023, se le pagaron dos montos de S/ 3,750 (S/ 7,500 en total). Asimismo, en junio de 2023 recibió dos pagos de S/ 2,500, sumando S/ 5,000.
En total, Atamari Loayza percibió S/ 23,500 por sus servicios en un periodo en que su contrato fue gestionado directamente por la procuradora adjunta, quien además emitió las conformidades correspondientes como área usuaria.
Sobre el tema, el consejero regional Miguel Ángel Linares, indicó a Revelación, que, si bien Begazo no es responsable directa de la contratación, debió revisar los antecedentes y advertir los riesgos de permitir la continuidad de la trabajadora en la misma oficina que su madre.
Más demandas por contratos desnaturalizados
El caso de Atamari Loayza no es el único. Según la denuncia de Edwin Martínez Concha,, existen al menos otros tres juicios similares presentados por trabajadores de la misma Procuraduría, quienes también buscan su reposición por haber superado el año de servicios bajo la modalidad de locación.
Los demandantes son Giovanny Christoper Recoba Martinez, Viviana Alejandra Díaz Valdivia y Joselyn Brisseth Lazarte Cuadros.
Este patrón de demandas refuerza la hipótesis de que la Procuraduría Pública del GRA estaría permitiendo que sus locadores adquieran estabilidad laboral por omisión, sin aplicar los mecanismos legales para cesar sus servicios antes del año. Sobre el tema, la procuradora Luz Amparo Begazo, evitó hablar del tema.
