Liubomir Fernández
Un juez de Puno se encuentra en el ojo del huracán tras ser suspendido temporalmente por presuntamente favorecer a un litigante en un controvertido caso de terrenos con una presunta ‘sentencia exprés’. El juez Guido Chevarría Tisnado ha sido separado de su cargo por seis meses, luego de que una investigación revelara una posible red de corrupción que involucra a abogados, un demandado y la pareja del demandante.
El epicentro del escándalo es un extenso terreno de 151 hectáreas, conocido como “Chacarilla Alta Lote 2”, ubicado en la nueva carretera que conecta Puno y Moquegua. El terreno está en disputa entre personas que tienen contratos de compra-venta y otras que afirman poseerlo desde hace más de 30 años.
El caso llegó al despacho de Chevarría Tisnado el 13 de julio de 2022, cuando Richard Flores interpuso una demanda por mejor derecho de propiedad contra Vidal Huallpa Quispe. La demanda se realizó a través del abogado Adelmo Ángel Rodríguez Marroquín.
Según una investigación de agentes encubiertos, la elección de Rodríguez Marroquín no habría sido casual. El letrado presuntamente mantenía una estrecha relación con el juez, a quien recogía diariamente del Poder Judicial para llevarlo a su casa en la avenida Circunvalación.
Se sospecha que en la vivienda de Chevarría, ambos abogados decidían el destino de varios procesos judiciales, lo que llevó a la suspensión del juez.
Corrupción: Un proceso judicial lleno de irregularidades
Las pesquisas han revelado una serie de detalles que sugieren un proceso judicial simulado. Para empezar, la notificación de la demanda a Vidal Huallpa Quispe se realizó en una dirección en Puno, a pesar de que su residencia oficial en el Reniec está en Cusco.
El lugar de la notificación es un edificio de departamentos en Puno, donde, curiosamente, nadie lo conoce. Sin embargo, en el 2011, la madre de Inés Béjar Barriga, actual pareja de Richard Flores, adquirió un departamento en el mismo edificio.
Además de esta coincidencia, el abogado que respondió a la demanda en nombre de Vidal Huallpa fue Walker León Aguilar Castillo, cuñado del abogado de Richard Flores, Adelmo Rodríguez Marroquín.
Ambos abogados habrían litigado juntos en varias ocasiones en el despacho del juez Chevarría, según la investigación. Esta conexión familiar y profesional refuerza la sospecha de que el proceso fue un montaje para beneficiar a Richard Flores.
Sentencia exprés y apelación tardía
La audiencia única y virtual se llevó a cabo el 25 de agosto de 2022. La audiencia fue dirigida por el juez Chevarría Tisnado desde su vivienda, la misma donde, según la investigación, se reunía con el abogado Rodríguez Marroquín para coordinar el destino de otros casos. En menos de una hora y con una intervención mínima de los abogados, el juez dictó una sentencia a favor de Richard Flores.
A pesar de que el abogado del demandado, Walker León Aguilar Castillo, anunció que apelaría el fallo, no lo hizo a tiempo. En contraste, el abogado del demandante, Adelmo Rodríguez Marroquín, presentó casi de inmediato una solicitud para que el caso fuera declarado consentido, cerrando el proceso.
El proceso judicial duró apenas 16 días, un tiempo récord si se compara con los cientos de litigantes que esperan años para que sus casos sean resueltos. Este escándalo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial en la región, y plantea serias preguntas sobre la integridad y la ética de algunos de sus actores.
Las autoridades judiciales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar el alcance de esta presunta red de corrupción y sancionar a los responsables.
