A pocos meses de las elecciones internas de los partidos políticos y del arranque oficial del proceso electoral 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa I ya se encuentra desplegado en ocho regiones del sur del país, con una tarea clara: garantizar la legalidad y neutralidad de la campaña electoral. Así lo explicó en entrevista Javier Fernández Dávila, presidente del JEE Arequipa I.
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“Estamos en proceso electoral y ya hay un cronograma establecido”, afirmó Fernández en una entrevista difundida por el Podcast Hablando BAM, recordando que las elecciones primarias se celebrarán entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. Para entonces, los partidos deberán definir a sus candidatos, y antes de la Navidad, todas las inscripciones deberán estar completas.
La jurisdicción del JEE Arequipa I abarca un amplio territorio del sur peruano: Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios y Junín. Para cubrir esta amplia zona, cuentan con 60 fiscalizadores encargados de supervisar la propaganda política en cada región.
Publicidad estatal bajo lupa
Uno de los puntos más sensibles en esta etapa del proceso es la publicidad estatal. Fernández fue enfático: “Ninguna autoridad puede hacer en campaña electoral publicidad directa o indirectamente hacia un grupo político o hacia una persona”. Según explicó, cualquier comunicación estatal debe cumplir con el reglamento electoral, que exige autorización previa o reporte posterior al JEE, dependiendo del medio utilizado.
El organismo ya registra 60 casos de publicidad estatal presuntamente indebida y ha iniciado 30 procesos por infracciones cometidas por autoridades que desconocen —o ignoran— las restricciones vigentes.
“Esto es delicado, porque son funcionarios públicos que están utilizando recursos estatales, lo que puede derivar no solo en una sanción administrativa, sino también en responsabilidades penales”, advirtió.
Límites y excepciones
El reglamento vigente establece que toda publicidad por radio o televisión debe ser autorizada con al menos siete días de anticipación, justificando su urgencia y utilidad pública. En redes sociales, en cambio, se permite el reporte posterior. Además, queda prohibido el uso de logotipos, nombres o colores que identifiquen a un candidato o agrupación política.
Sin embargo, no toda comunicación estatal está prohibida. Las campañas de vacunación, amnistías tributarias o convocatorias públicas son algunas de las excepciones, siempre que no se relacionen con promoción política.
El reto del 2026
Fernández también recordó que el proceso electoral que se avecina tiene una complejidad singular: “Cada 20 años coinciden las elecciones presidenciales con las regionales y municipales. Es un reto enorme para nosotros”.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a informarse y actuar con responsabilidad. “El mismo funcionario que comete la infracción es el que paga la multa, y esta puede ir de 10 a 30 unidades impositivas tributarias”, señaló.
Además, adelantó que ya se están comunicando con instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las gobernaciones regionales para recordar que el proceso electoral está en marcha y las reglas ya están en juego.
El Jurado Electoral Especial Arequipa I seguirá monitoreando con atención el comportamiento de las autoridades y partidos políticos, en una etapa clave para el fortalecimiento de la democracia en el país.
