La presidente de PERUMIN 37, Jimena Sologuren, advirtió que el Perú enfrenta un doble reto: por un lado, una minería formal excesivamente regulada que demora décadas en concretar proyectos, y por otro, un avance acelerado de la minería ilegal que impacta en el tejido social y económico del país.
Generando resumen...
Durante su intervención en el evento “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”, Sologuren señaló que existen más de 67 proyectos mineros listos para ejecutarse, pero que siguen entrampados por la sobrecarga burocrática y la falta de articulación entre instituciones. “Necesitamos ser un país atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, tener un Estado que sepa cumplir su rol frente a la minería ilegal”, enfatizó.
Según explicó, mientras los trámites y permisos mantienen a la minería formal en espera, el sector ilegal gana terreno sin control, generando graves consecuencias sociales y ambientales. “Esto nos juega en contra como país porque empieza a afectar el tejido social de una manera que será difícil revertir”, alertó.
Perumin 37: “La minería artesanal debe convertirse en un negocio rentable”
La ejecutiva también remarcó la urgencia de culminar el proceso de más de 31 mil mineros que siguen en vías de formalización. A su juicio, la minería artesanal y de pequeña escala debe convertirse en un negocio rentable, siempre que cumpla con normas ambientales, sociales y de seguridad.
Asimismo, Sologuren subrayó la necesidad de un mayor compromiso de los gobiernos regionales y locales en el uso eficiente de los recursos generados por la actividad minera. “Solo así las comunidades sentirán de primera mano cómo la minería formal sí puede aportar al desarrollo y mejorar la vida de más peruanos”, puntualizó.
