El Despacho Presidencial emitió un comunicado en el que aseguró que la presidenta Dina Boluarte no utiliza directamente la tarjeta electrónica de S/5 mil destinada a la compra de insumos alimenticios en la Residencia Oficial. Según el documento, las adquisiciones se realizan exclusivamente por personal administrativo asignado “para este fin y es el que ejecuta las mencionadas adquisiciones”. Además, se remarcó que “no es cierto que esta tarjeta esté a disposición para el uso personal de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, o su familia”.
Este pronunciamiento contrasta con la postura previa del gobierno, que había negado entregar información sobre los gastos realizados con la tarjeta, alegando que revelar detalles como boletas o facturas podría comprometer la seguridad de la mandataria y su familia. Palacio sostuvo que proporcionar estos documentos “implicaría un riesgo a la seguridad de la presidente de la República ante posibles atentados por organizaciones terroristas y/o criminales”.
El comunicado también destacó que todos los procesos de selección y gastos vinculados se realizan con “la mayor diligencia en su uso” y están sujetos a revisión por la Contraloría General de la República. Asimismo, precisaron que el Despacho Presidencial es auditado anualmente por una firma contratada por la Contraloría, sin que se hayan registrado observaciones sobre el uso de recursos en 2023 y 2024.
Dina Boluarte y el uso de recursos públicos: del auto propio a la tarjeta bajo reserva
La contradicción entre negar información por motivos de seguridad y luego afirmar que solo el personal administrativo utiliza la tarjeta ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de estos recursos.
Por otro lado, en 2022, durante su campaña congresal por Perú Libre, Dina Boluarte defendió un perfil austero y cercano a la ciudadanía. En una entrevista con Leeme Digital Perú, afirmó: “Me movilizo y manejo mi propio auto, como lo hago diariamente en mi empleo en una entidad estatal”. Además, rechazó la idea de que los legisladores merezcan privilegios especiales, preguntando retóricamente: “¿Por qué habrían de tener privilegios por encima de los peruanos que van a pie?”. En esa ocasión, subrayó que ocupar un cargo público implica responsabilidad, pero no justifica beneficios exclusivos.
Estas declaraciones parecen contrastar con las recientes controversias sobre el manejo y resguardo de gastos oficiales vinculados a la presidencia.
