Daniel Urresti permanecerá en prisión tras la reciente decisión del Poder Judicial, que declaró infundado el recurso de nulidad presentado por su defensa. El exministro continuará cumpliendo la condena de 12 años impuesta por su participación en el homicidio del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Huanta, Ayacucho.
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El tribunal optó por inaplicar la Ley 32107, conocida como la norma que extingue delitos de lesa humanidad, pese a haber sido aprobada por el Congreso. En su lugar, recurrió al control difuso, mecanismo contemplado en el artículo 138 de la Constitución. El fiscal Carlos Palomino explicó que esta norma “contraviene la Constitución y los estándares del derecho internacional”, por lo que debía ser descartada para este caso.
Ley cuestionada y advertencias de organismos
Para los familiares de las víctimas, la Ley 32107 ha sido interpretada como una “ley de impunidad”, pues favorece a exintegrantes de las Fuerzas Armadas procesados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000. Organizaciones de derechos humanos también alertaron que su vigencia podría afectar procesos emblemáticos —como Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca o Cayara— y contradice compromisos asumidos por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2024, la Corte Suprema ya había establecido que el asesinato de Bustíos constituía una grave violación de derechos humanos, lo que lo hacía imprescriptible incluso sin estar tipificado formalmente como delito de lesa humanidad.
Pronunciamiento del Ministerio Público
El Ministerio Público saludó la decisión judicial mediante un comunicado oficial. Señaló que la ratificación de la pena se sustentó en la jurisprudencia internacional aplicada en casos emblemáticos como La Cantuta, afirmando que la resolución respeta los estándares del derecho convencional.
Un caso que marcó la violencia del conflicto interno
El 12 de abril de 2023, la Tercera Sala Penal Superior Nacional condenó a Urresti como coautor del asesinato de Hugo Bustíos y por la tentativa de homicidio contra el periodista Eduardo Rojas. Ambos reporteros fueron emboscados el 24 de noviembre de 1988 cuando realizaban cobertura en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno.
Años después, nuevos testimonios involucraron a Urresti —entonces oficial del Ejército— y llevaron a reabrir el expediente. Tras un largo proceso judicial, la Corte Suprema confirmó la condena en agosto de 2024. Actualmente, Urresti cumple su sentencia en el penal Miguel Castro Castro.
