El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ha dispuesto la suspensión temporal por 24 meses de Patricia Benavides Vargas en sus cargos de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, debido a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.
La decisión, emitida por el juez Segismundo León Velasco tras un requerimiento del Ministerio Público, responde a una investigación por los delitos de «cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado», explicó el Poder Judicial en sus redes sociales.
Además, se señaló que «al haberse generado una sospecha suficiente resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales podrían afectar el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal suprema».
Durante la audiencia del pasado martes, el juez escuchó la petición de la Fiscalía para suspender a Benavides debido a supuestos actos de corrupción y encubrimiento relacionados con el caso «Cuellos Blancos del Puerto». Según la fiscalía, Benavides habría intentado «utilizando sus influencias en la JNJ, tratar de interferir en la buena marcha del Ministerio Público».
Defensa de Patricia Benavides: ¿Qué dijo Humberto Abanto?
Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Humberto Abanto Verástegui argumentó que la exfiscal no podía ser suspendida porque aún no había asumido formalmente el cargo de fiscal suprema titular.
No obstante, la situación se complicó debido a la presión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca su reincorporación y amenaza incluso con «el uso de la fuerza», además de intentar realizar una sesión del pleno cuestionada, ya que hasta la fecha «no hay constancia que se haya realizado y que no puede sustituirse por un pronunciamiento público, de sólo seis de los siete integrantes de dicha institución».
Mientras tanto, la defensa tiene la opción de apelar esta resolución ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Sin embargo, «en tanto, la resolución judicial esté vigente, no podrá asumir como fiscal suprema titular, ni como se pretende, recuperar el despacho de la fiscalía de la Nación, hasta que se cumplan los 24 meses de suspensión».
Adicionalmente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado una demanda de amparo contra la Junta Nacional de Justicia, la cual ha sido admitida por el 9° Juzgado Constitucional de Lima. Este tribunal ha programado una audiencia para evaluar el caso el próximo 8 de agosto. El Poder Judicial busca así «detener el golpe institucional contra la democracia y la autonomía e independencia del Ministerio Público».
