La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima ha ordenado la inmediata reincorporación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos al Ministerio Público. La sentencia fue dirigida al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, instándole a cumplir con esta disposición.
Los magistrados de la Tercera Sala verificaron que la demora en la ejecución de la sentencia podría causar daños irreparables a Ávalos, debido a que la apelación presentada por el Congreso podría extenderse más allá de los plazos estipulados por la ley. La demanda fue declarada fundada el pasado 14 de mayo.
La resolución señala que aunque el Código Procesal Constitucional prevé plazos rápidos para los procesos de amparo, en la práctica estos plazos suelen excederse. La no ejecución inmediata de la sentencia podría afectar no solo el ámbito laboral de Ávalos, sino también su desarrollo profesional y proyecto de vida, pudiendo ocasionar daños irreversibles.
La Sala también tomó en cuenta la edad de Ávalos, 67 años, considerando que el límite de edad para trabajar en el Estado es de 70 años.
Por estos motivos, la Tercera Sala en lo Constitucional dispuso que se envíe la resolución a Juan Carlos Villena, para que proceda con la reincorporación de Zoraida Ávalos.
Antes de ser inhabilitada por el Congreso, Ávalos dirigía la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. Tras su inhabilitación, Villena asignó ese despacho a la fiscal adjunta suprema María Sokolich.

Sale Patricia Benavides, entra Zoraida Avalos
La sentencia a favor de Ávalos se emitió pocas horas después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera destituir a Patricia Benavides de su cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación por faltas graves en el desempeño de sus funciones.
Según el exasesor Jaime Villanueva, Benavides Vargas habría negociado con congresistas para que votaran a favor de la inhabilitación de Ávalos a cambio de archivar investigaciones en las que estaban implicados. Este es uno de los asuntos actualmente investigados por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.