El Poder Judicial aprobó el pedido de levantamiento del secreto bancario solicitado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en relación a la exprimera dama Lilia Paredes y Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo.
Esta medida se enmarca en las investigaciones del ‘Caso Anguía’, en el que ambas son investigadas por presuntamente formar parte de una organización criminal durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El fiscal Jorge García Juárez presentó la solicitud contra 42 personas, incluyendo a los hermanos de la exprimera dama, Walter y David Paredes, y sus sobrinos Rudbel y Wesly Oblitas. También figuran en la lista el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, y Susy Díaz Hamán, amiga de Yenifer Paredes y exfuncionaria de Palacio de Gobierno, según señaló El Comercio.
Las entidades bancarias deberán proporcionar a Eficcop información detallada sobre las cuentas bancarias, cheques, hipotecas, préstamos, transacciones y tarjetas de los investigados. Además, se levantó el secreto tributario, y esta información también deberá ser entregada al equipo fiscal.
Para Yenifer Paredes y otros 21 investigados, la información requerida abarca desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad. En el caso de Lilia Paredes y otros 19 investigados, el periodo solicitado es desde el 11 de abril de 2021 hasta la fecha.
Investigaciones ‘Caso Anguía’
Según la tesis fiscal, la organización criminal comenzó bajo el liderazgo del exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, actualmente en prisión preventiva, quien habría intentado apropiarse de recursos públicos.
Esta organización habría manipulado contratos de consultorías y adjudicaciones para proyectos de obras públicas, así como otorgado subvenciones fraudulentas y apropiado ilegalmente patrimonio del Estado.
El Ministerio Público identifica a Yenifer Paredes como la “coordinadora” de la organización debido a su rol en la Municipalidad de Anguía, donde habría facilitado acuerdos ilícitos.
Otros funcionarios municipales son señalados como colaboradores y testaferros, incluido el empresario Hugo Espino, quien admitió que los cuñados del expresidente Castillo le pagaron S/ 90,000 para preparar expedientes de obras.
La Fiscalía sostiene que, tras la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral de abril de 2021, la red criminal amplió sus operaciones a nivel nacional, apoyada por José Nenil Medina.
Eficcop indica que Pedro Castillo se convirtió en el líder de la organización tras ser proclamado presidente, y que bajo su mandato, Geiner Alvarado López, como ministro de Vivienda, habría coordinado con Medina para financiar obras en diversas municipalidades. Las licitaciones habrían sido dirigidas hacia empresas y consorcios fachada vinculados a la organización criminal.
Finalmente, la Fiscalía señala que Lilia Paredes desempeñaba el rol de “promotora” o “coordinadora” de la organización criminal, gestionando proyectos de inversión pública con el conocimiento y consentimiento de su esposo, el entonces presidente.
