Una investigación fiscal revela que la candidata Keiko Fujimori y parte de su equipo más cercano habrían articulado un mecanismo clandestino para recibir aportes irregulares con los que se financiaron acciones políticas vinculadas al proceso electoral de 2021, especialmente las impugnaciones presentadas contra los votos obtenidos por Pedro Castillo.
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La tesis fiscal sobre el caso ‘Lava Moto’
La fiscal Manuela Villar, a cargo de la carpeta fiscal N.° 43-2021, sostiene que Fujimori lideraría una presunta organización criminal que habría operado con el objetivo de canalizar dinero de procedencia ilegal hacia la campaña de Fuerza Popular.
Según el informe, al que accedió La República, el esquema —conocido como Lava Moto— se habría orientado principalmente a cubrir los gastos relacionados con las impugnaciones electorales formuladas por el partido tras la segunda vuelta de 2021.
El documento describe que estos recursos se habrían entregado de manera clandestina, sin ningún tipo de registro financiero. La carpeta fiscal señala que los aportes ingresaban “sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y por intermedio de motorizados”. La Fiscalía explica que ese era el método utilizado para mantener oculta la fuente de los fondos.
Los implicados en la presunta red
La investigación no solo involucra a Keiko Fujimori, sino también a cinco integrantes de su entorno político, entre ellos dos miembros de la plancha presidencial:
- Keiko Fujimori Higuchi: Señalada como quien encabezaría la organización y tendría control sobre la estructura partidaria.
- Luis Galarreta Velarde: Secretario general y parte de la fórmula presidencial. La Fiscalía le atribuye haber gestionado aportes falsos o anónimos.
- Miguel Torres Morales: Vocero y subsecretario general, presuntamente encargado, junto con Galarreta, de canalizar fondos privados irregulares y ejecutar recursos públicos en “operaciones anómalas” hacia tres empresas: CRP Medios y Entretenimiento, Grupo RPP y Prime Time SAC.
- Karina Beteta: Tesorera del partido, responsable del manejo contable. De acuerdo con la tesis fiscal, ella registró y autorizó pagos pese a conocer el origen dudoso de los desembolsos, incluso hacia empresas que negaron haber brindado los servicios contratados.
- Lindman Miranda Zamalloa: Contador encargado de registrar los ingresos y egresos vinculados al esquema.
- Liliana Takayama Jiménez: Representante legal del partido. Según el Ministerio Público, presentó documentos ante el JEE y el JNE utilizando recursos cuyo origen sería ilícito.
Cómo habría funcionado el mecanismo
El Ministerio Público sostiene que esta estructura no surgió recientemente. Por el contrario, se habría utilizado previamente en las campañas presidenciales de 2011 y 2016 para incorporar fondos irregulares con fines políticos y personales.
Para el proceso de 2021, la Fiscalía indica que Fuerza Popular habría recibido dinero de procedencia desconocida mediante aportantes falsos o anónimos, así como a través del uso indebido de fondos públicos.
La finalidad, según el Ministerio Público, era “convertir activos mediante la realización de anómalas operaciones” que aumentaban el patrimonio del partido sin una justificación contable.
La fiscal Villar también sostiene que los seis investigados permitieron que los aportes se movilizaran de manera informal, nuevamente “sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y por intermedio de motorizados”, dándoles apariencia de legalidad incluso ante las autoridades electorales.
