A casi cuatro años del derrame de más de 11.000 barriles de crudo en el mar de Ventanilla, los pescadores artesanales afectados volverán a salir a las calles para reclamar justicia y reparación integral por el desastre ocurrido el 15 de enero del 2022 en la Refinería La Pampilla.
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Representantes de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay informaron que este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, se movilizarán hacia la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y luego al Poder Judicial. Allí presentarán una acción constitucional por vulneración de derechos humanos.
La demanda busca conocer el estado real del proceso de remediación ambiental, la situación económica actual de las familias dedicadas a la pesca artesanal, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y el nivel de avance por parte de Repsol respecto a las medidas establecidas tras el derrame.
Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla, detalló que alrededor de 600 personas han firmado el recurso legal. El dirigente señaló que estos ciudadanos “son los primeros que van a demandar”, según declaró a La República.
Rechazo a acuerdos entre el Estado y Repsol
La presentación de esta acción legal coincide con la difusión de un reportaje de Hildebrandt en sus Trece, el cual revela aspectos del acuerdo entre la petrolera y el Estado. Según la investigación, los documentos suscritos —y específicamente el inciso 13— establecen que Repsol no reconoce responsabilidad alguna en el derrame.
El semanario también reportó que la empresa ofreció S/ 9 millones adicionales para que la Fiscalía variara la imputación de contaminación ambiental dolosa a culposa, lo que le permitiría evitar una eventual condena. El acuerdo fue avalado por el exfiscal Abel Tapia, el procurador Julio Guzmán y el juez Jorge Silva. Aunque la fiscal Tamara Gonzales solicitó dejar sin efecto la negociación, Silva ratificó la decisión anterior.
En medio de este escenario, Melchor indicó que la movilización se sustenta también en información reciente conocida a través de la congresista Ruth Luque. Según relató, la parlamentaria les comunicó que el Gobierno habría negociado a nombre de los afectados, y que incluso ya no se realizarían monitoreos en las zonas impactadas. “Nos hemos enterado por medio de la congresista que el Gobierno ya negoció a nombre de los afectados”, afirmó.
Melchor agregó que Luque ha solicitado formalmente la instalación de una mesa multisectorial para exigir un informe actualizado sobre las acciones estatales y las responsabilidades que corresponden a la empresa.
