Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo volvió a rechazar las acusaciones en su contra por presunta rebelión y abuso de autoridad durante su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Durante una reciente audiencia, el exmandatario se pronunció nuevamente sobre el caso, insistiendo en su inocencia y denunciando una persecución política.
Durante su intervención para identificarse ante el tribunal, Castillo criticó duramente a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, actualmente envuelta en controversia tras ser restituida por la Junta Nacional de Justicia. «Una vez más la Fiscalía no puede demostrar lo que se me viene imputando. Nunca se cerró el Congreso y nunca también las demás instituciones. Ahora se quiere forzar el tipo penal como ya no pueden probar el delito de rebelión. Esta imputación, como la ve el país, es más falsa que la tesis de Patricia Benavides», expresó.
La audiencia del 12 de junio también estuvo marcada por una sanción contra el abogado Guillermo Olivera, defensor de la exministra Betssy Chávez, quien criticó duramente la teoría del caso presentada por el fiscal Edward Casaverde. «Se ha hablado de ignorancia en todo momento porque ha sido una tesis ignorante. No diré que el señor fiscal lo sea, pero sí creo que es una teoría con muchas taras», señaló.
Cabe recordar que tanto Castillo como Chávez han cuestionado abiertamente a los jueces del proceso. Chávez incluso ha solicitado la recusación de algunos magistrados, aunque sin éxito. Por su parte, el expresidente ha usado cada oportunidad en audiencia para criticar a la jueza Norma Carbajal, quien lidera el juicio.
Defensa de Pedro Castillo acude a la CIDH en busca de su libertad
En paralelo al juicio, la defensa de Pedro Castillo presentó una nueva solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de revocar su prisión preventiva. El recurso, elaborado por el abogado Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel, propone que el exmandatario continúe el proceso judicial en libertad, monitoreado mediante un grillete electrónico.
Según la defensa, la detención de Castillo responde a motivaciones políticas. El documento alega que hubo presiones externas que comprometieron el debido proceso, y que no se cumplen los requisitos legales para acusarlo de rebelión, al no existir pruebas de un levantamiento armado.
Perea Pasquel también recordó que desde la detención de Castillo, más de 30 abogados han promovido diversas acciones legales, incluyendo pedidos de restitución presidencial y arresto domiciliario, todos ellos rechazados por las autoridades judiciales peruanas.
