El expresidente Pedro Castillo anunció este lunes 10 de marzo que iniciará una huelga de hambre en protesta por su reclusión en el penal Barbadillo y el proceso judicial que enfrenta desde el 4 de marzo, tras ser acusado de rebelión y otros delitos en agravio del Estado.
En una carta dirigida a su familia y al pueblo peruano, que publicó en la red social X, Castillo afirmó que ha sido «injustamente recluido por actos que nunca cometí» y aseguró que la jueza a cargo del caso ha adelantado opinión en su contra.
El exmandatario enfrenta una posible condena de 34 años de prisión, según el requerimiento del Ministerio Público, que también ha solicitado el pago de 65.4 millones de soles como reparación civil.
Junto a Castillo, son procesados la expremier Betssy Chávez, el exprimer ministro Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huertas, así como exoficiales de la Policía Nacional, quienes podrían recibir penas de entre 15 y 25 años de cárcel. La fiscalía acusa a Castillo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.
Juicio y los tensos momentos de Pedro Castillo
El expresidente protagonizó tensos momentos en la segunda jornada de su juicio por el fallido golpe de Estado, enfrentándose a los jueces, fiscales y a su propio abogado defensor.
Durante la audiencia realizada en la Corte Suprema dentro del complejo policial de la Diroes, Castillo insultó a los fiscales que lo acusan de rebelión y que solicitan una condena de 34 años de prisión en su contra. La sala le llamó la atención y le recordó que el proceso se desarrolla bajo reglas judiciales estrictas, con posibilidad de aplicar medidas coercitivas en caso de incumplimiento.
La audiencia del jueves estuvo enfocada en los alegatos iniciales de los abogados defensores de los acusados. Sin embargo, cuando la jueza Norma Carbajal dio la palabra al abogado de Castillo, Edgar Callahualpa Quispe, el expresidente interrumpió para rechazar la defensa pública y afirmar que el Ministerio Público ha forzado su acusación.
Luego, insistió en retirarse del juicio, pero el juez José Neyra le negó el permiso, recordándole que los procesados están sujetos a deberes judiciales y que la ley contempla medidas para garantizar su participación en el proceso.
