La fiscal Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público, luego de que el Poder Judicial anuló su suspensión de 24 meses y tras una resolución previa de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dejó sin efecto su destitución. Sin embargo, su regreso se da en un contexto de tensión y dudas administrativas, ya que aún no se ha definido el despacho que ocupará ni cómo se financiará su reingreso en medio de restricciones presupuestales.
Patricia Benavides: falta definir su lugar de trabajo, el presupuesto para su salario y posibles conflictos de interés
El retorno de Benavides enfrenta tres condiciones claves. Primero, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la JNJ una aclaración formal sobre el alcance constitucional y legal de su decisión. En segundo lugar, el área de presupuesto del Ministerio Público debe verificar si existen recursos suficientes para asumir el costo de su salario y otros gastos operativos, o si será necesario un pedido adicional al Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe determinar el despacho donde Benavides ejercerá, lo cual se complica por posibles conflictos de interés.
Actualmente, cinco de los siete despachos de fiscales supremos ya están ocupados. Los únicos disponibles —la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción— están vinculados a investigaciones en curso contra Benavides, lo que genera dudas sobre su idoneidad para ocuparlos. Una opción que se evalúa es convertirla en representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque esta posibilidad también ha sido cuestionada por la propia fiscal de la Nación debido a las investigaciones abiertas contra Benavides, entre ellas el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y el de su hermana, Enma Benavides.
Por otro lado, Espinoza ha expresado públicamente que su institución enfrenta una brecha presupuestal de más de S/ 12.000 millones, lo que complicaría la financiación del retorno de Benavides. Pese a tener asignado un presupuesto de S/ 2.921 millones para el 2025, esta cifra no cubriría todas las necesidades operativas del Ministerio Público, incluyendo el sueldo de la fiscal reincorporada.
La JNJ, por su parte, ha ratificado su posición, indicando que la suspensión de 60 días impuesta a Benavides ya fue cumplida, por lo que no hay impedimento legal para que retome sus funciones. Ante esta postura, la fiscal de la Nación reiteró la necesidad de que la JNJ aclare ciertos puntos de su resolución para evitar errores administrativos o una ejecución indebida de la misma.
Mientras tanto, el regreso oficial de Benavides permanece en suspenso, dependiendo de decisiones jurídicas, administrativas y presupuestales que aún están en trámite.
