Omar Fernández
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El Consejo Regional de Arequipa aprobó la Ordenanza Regional N.° 538 que establece la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en colegios, centros de salud y espacios comunitarios de la región. La norma entró en vigencia con el respaldo técnico de la Gerencia Regional de Educación y la Gerencia Regional de Salud, pero en los últimos días ha generado un intenso debate político y social.
El político y abogado Christian Aranda se convirtió en una de las voces más duras contra la medida. En declaraciones recientes aseguró que “la ordenanza no toma en cuenta los artículos 6, 4 y 13 de la Constitución Política que reconocen el derecho de los padres a educar a sus hijos”.
Además advirtió que algunos consejeros regionales ya habrían reconocido que se equivocaron al aprobar la norma, aunque evitó dar nombres. No obstante, mencionó directamente que se aprovechó la ausencia del consejero Miguel Ángel Linares, encargado de la comisión de educación, para ampliar la agenda de una sesión ordinaria y aprobar esta ordenanza.
Aranda señaló además que la norma “facilita el acceso de adolescentes a métodos anticonceptivos modernos sin supervisión de los padres”, lo que a su juicio vulnera el principio de protección del menor.
Ordenanza: propuesta impulsada a FORDES
El político también cuestionó el origen de la propuesta, impulsada por el Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (FORDES). Según él, la iniciativa proviene de ONGs extranjeras que promueven el aborto y la hipersexualización de menores.
A esto agregó que ninguna Asociación de Padres de Familia ni colegios privados de Arequipa fue consultado antes de la aprobación. “He conversado con directores de instituciones como La Salle y La Asunción, y me confirmaron que no participaron en ningún proceso de consulta”, afirmó.
Para Aranda, la medida es inconstitucional y contraviene la Ley N.° 32426 que impulsa el enfoque de familia en las políticas públicas. “Una ordenanza no está por encima de una ley nacional”, subrayó, cuestionando la validez legal de la decisión del Consejo Regional.
La discusión en torno a la Ordenanza N.° 538 revela un escenario de fuertes tensiones políticas y sociales en Arequipa. Mientras sus defensores sostienen que la ESI es clave para prevenir la violencia y proteger a niñas, niños y adolescentes, los detractores denuncian un déficit de consulta ciudadana y un trasfondo ideológico ajeno a la realidad regional.
Qué dice la Ordenanza
El texto legal encarga a las gerencias competentes elaborar planes y programas de capacitación en temas de salud sexual, prevención de violencia y acceso a servicios de salud para adolescentes.
Además, impulsa campañas de comunicación y la inclusión de la ESI en el currículo regional diversificado. Los impulsores de la medida sostienen que busca dar respuesta a una situación alarmante: en el primer semestre de 2025 se registraron siete partos en niñas menores de 14 años y 321 en adolescentes de 15 a 19 años. A ello se suma que más del 53% de mujeres entre 15 y 49 años declaró haber sufrido violencia de pareja, según cifras oficiales.
La ordenanza se presenta como una herramienta preventiva con enfoque en derechos humanos, acorde a compromisos internacionales asumidos por el Perú, como el Consenso de Montevideo, y alineada a normas nacionales como la Ley N.° 30364 que encarga a los gobiernos regionales acciones de prevención frente a la violencia de género.
La polémica se mantiene abierta y se espera que el debate continúe en los próximos días, con un creciente interés de la opinión pública que sigue atenta a las repercusiones de una norma que divide posturas en la región.
