El Juzgado de Investigación Preparatoria de Campoverde, en Ucayali, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra cuatro suboficiales y un oficial de la Policía Nacional acusados de integrar una red que exigía pagos ilegales a operadores de dragas dedicados a la minería ilegal en el río Aguaytía.
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Una red de extorsión dentro de la comisaría
Según el Ministerio Público, los agentes habrían conformado un esquema de cobro de cupos. Los investigados —los suboficiales Jhon Jairo Quintero Vásquez, Bryan Christopher Neyra Calderón, Ángel Damasco Marina Pita y Kilmer Wicler Díaz Sánchez, junto al comisario de Curimaná, teniente Jair Edgardo Barreto Sotocani— serán trasladados al penal de Pucallpa bajo resguardo policial.
Barreto, quien inicialmente estuvo no habido, se presentó inesperadamente durante la audiencia de medidas cautelares que se prolongó desde el sábado hasta el lunes. Alegó que su ausencia se debió a problemas de salud, según relató su defensa durante la sesión. Sin embargo, el juzgado ordenó su detención inmediata.
Billetes marcados, amenazas y patrullajes irregulares
La Fiscalía presentó indicios considerados graves por el juzgado: billetes marcados que coincidían con el dinero entregado por un denunciante, supuestos patrullajes fluviales usados para extorsionar, amenazas para exigir pagos de entre S/ 300 y S/ 3.000, y actividades que no figuraban en los partes oficiales.
Además, durante la intervención —realizada en flagrancia en Puerto Melina— se halló un fajo adicional de S/ 4.500.
Uno de los agentes implicados, Jhon Jairo Quintero, era también el encargado de la armería de la comisaría, lo que agravaría su situación procesal.
Armas desaparecidas agravan el caso
La crisis en la comisaría de Curimaná se profundizó cuando se reveló la desaparición de dos fusiles AKM, cuyos números de serie fueron identificados como 796442 y 646153. La pérdida se descubrió 48 horas después de la detención de los policías.
Fuentes de inteligencia manejan la hipótesis de que uno de los fusiles habría sido utilizado en el secuestro y posterior asesinato del empresario cacaotero Carlos Alejo Aponte Caysahuana, ocurrido el 19 de noviembre en Puerto Zúngaro. Las cámaras de seguridad mostraron a los secuestradores desplazándose con total control del local, haciéndose pasar por agentes policiales con ropa camuflada y pasamontañas.
Tras declararse no habido al comisario Barreto, la jefatura recayó temporalmente en el suboficial técnico de segunda Fredy Manuel Elescano Montes, quien luego fue trasladado a la Dirección Contra la Corrupción de Ucayali por disposición fiscal.
Crisis institucional y llamado a una reforma profunda
La situación en Curimaná expuso no solo falencias de control interno, sino también un deterioro severo de la confianza ciudadana en la institución policial. “Policía que está al margen de la ley es expulsado de manera inmediata”, señaló previamente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, al anunciar una reforma integral de la Policía Nacional.
El titular del Mininter informó además que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso para modificar el régimen disciplinario y reforzar los mecanismos de supervisión, con el objetivo de depurar la institución y enfrentar la corrupción y los nexos con el crimen organizado.
