Carlos Herrera
La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, nombró como nuevo prefecto de Arequipa, al coronel PNP en retiro Francis Alarcón Gallegos. El exoficial llega al cargo con una serie de investigaciones del Ministerio Público por los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, entre otros.
Alarcón llega al cargo de Prefecto Regional de Arequipa, luego de que en agosto de 2024 fuera retirada Lucia Valdivia Corrales. Su lugar fue asumido temporalmente por el subprefecto Luis Turpo.
Entre las investigaciones que le ha iniciado el Ministerio Público a Alarcón, está el caso que se le sigue por el delito de lesiones leves por los hechos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte el 17 de diciembre de 2022, en el distrito de Ocoña, donde resultaron agraviados cuatro ciudadanos. También se le procesa por los dos heridos registrados en las manifestaciones del 19 de enero de 2023, en la Variante de Uchumayo.
La formalización de este caso fue comunicado en julio de 2024, por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas (EFICAVIP) del Ministerio Público. El mismo que investiga todas las denuncias de agresiones y muertes ocurridas durante las protestas sociales que se iniciaron luego que Dina Boluarte asumiera la presidencia en diciembre de 2022.
Prefecto Francis Alarcón investigado en caso policías albañiles
Pero ese no es el único proceso que arrastra el nuevo prefecto. También se le investiga en la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, por el caso de los policías de patrullaje a pie, que fueron enviados a trabajar como albañiles. Los hechos ocurrieron en junio de 2020, cuando el entonces jefe de la Macro Región Policial (MACREPOL) Arequipa, Víctor Zanabria Angulo, junto a los oficiales Francis Alarcón Gallegos (Jefe de Secretaría de la IX MACREPOL) y Luis Cancela Roggero (jefe de la Unidad de Administración de la MACREPOL), le propusieron a Claver Colquehuanca, efectuar la obra en el patio de la sede policial.
Le indicaron que le iban a pagar 4,700 soles por su mano de obra, y para que proporcione máquinas como un trompo para mezclar cemento, además de herramientas de construcción como reglas. En cuanto a los materiales, como el cemento, entre otros insumos, además de la mano de obra no calificada, la iba a proporcionar la policía.

Asimismo, se indicó que el oficial que iba a estar a cargo de la supervisión de la obra sería Francis Alarcón. La propuesta fue aceptada por el albañil, quien concluyó su trabajo el 16 de noviembre de 2020. En ese tiempo le hicieron dos pagos en efectivo. El primero fue de S/ 2,000 y el segundo de S/ 2,500. Quedó pendiente de pago 200 soles, pero le abonaron S/17,600.
En las pesquisas realizadas por el Ministerio Público, se pudo evidenciar que el ahora comandante general de la Policía, Víctor Zanabria Angulo, junto al oficial Francis Alarcón, fueron a buscar en junio de 2020, a la Mayor Claudia del Castillo, Jefe de Patrullaje a Pie.
En plena formación del personal policial a las 13.30 horas, le pidieron que solicite 15 suboficiales voluntarios que sepan de trabajos de albañilería, gasfitería y electricidad. Los que se ofrecieron fueron sacados de la formación y se pusieron a la orden de Francis Alarcón.
Según la fiscalía, por orden de Zanabria Angulo, los efectivos dejaron el patrullaje a pie y se dedicaron a trabajar en las obras junto al albañil Claver Colquehuanca. Se supo que el personal policial “voluntario” de albañilería fue rotando constantemente los meses que duró la obra. Estos trabajaban en dos turnos: de 8.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 16.00 horas.
Lo más cuestionable de este caso, fue que los policías de patrullaje a pie que pasaron a realizar trabajos de albañilería, en el papel, seguían prestando su servicio en la Sección de Patrullaje a Pie, realizando “inteligencia operativa”, cuando en realidad estaban trabajando en obras de albañilería.