Desde enero de 2025, entró en vigor la Ley N.º 32199, norma que modifica el Decreto Legislativo 276 con el fin de estandarizar los procedimientos laborales dentro del sector público. Entre los principales cambios destaca la nueva edad máxima para trabajar en el Estado, así como ajustes en los beneficios y compensaciones de los servidores públicos.
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Límite de edad y reglas de retiro para empleados estatales
Según la ley, los trabajadores del Estado podrán permanecer en funciones hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 70 años. Luego de esa fecha, deberán iniciar el proceso de retiro por jubilación. La norma busca uniformizar los plazos y condiciones bajo las cuales los empleados públicos finalizan su vínculo laboral con el Estado.
Además, la legislación amplía los derechos de licencia, permitiendo hasta tres años acumulados o continuos dentro de un periodo de cinco años. Este cambio, según fuentes del Congreso, pretende dar mayor flexibilidad a los servidores sin afectar la operatividad de las instituciones públicas.
Cálculo estandarizado de la CTS en el sector público
Otro aspecto relevante de la Ley N.º 32199 es la actualización del método de cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). De acuerdo con la norma, esta retribución equivale al 100% de la remuneración total del trabajador, incluyendo los beneficios permanentes, y se otorga tras un año completo de servicio o, en su defecto, por un periodo que supere los seis meses de labores.
El cálculo considera componentes como la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE y el Monto Único Consolidado (MUC), promediados con base en los últimos 36 meses trabajados, con el fin de garantizar una distribución equitativa de beneficios.
Asimismo, la ley dispone que si un trabajador retorna al servicio público luego de haber cesado, la CTS ya abonada será tomada en cuenta para el nuevo cálculo, con el objetivo de evitar duplicidades en los pagos.
Con estas medidas, el Congreso busca homogeneizar las condiciones laborales en el sector público, reforzando la transparencia en los procesos administrativos y la eficiencia en la gestión del personal estatal.
