Nepal atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente tras un levantamiento masivo liderado por jóvenes de la autodenominada “Generación Z”. Las protestas, que comenzaron como un rechazo al bloqueo de las redes sociales, han derivado en una ola de violencia que dejó al menos 25 muertos, más de 300 heridos y la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli y ataques a las principales instituciones del país.
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El episodio más dramático se produjo cuando manifestantes incendiaron la vivienda del exprimer ministro Jhalanath Khanal en Katmandú, provocando la muerte de su esposa, Rajyalaxmi Chitrakar, quien no logró sobrevivir a las graves quemaduras. También fueron atacadas las casas de otros líderes políticos, entre ellos el exjefe de gobierno Sher Bahadur Deuba, quien resultó herido.
Las turbas no solo dirigieron su furia contra dirigentes políticos, sino también contra instituciones del Estado. El Parlamento fue tomado e incendiado, generando imágenes de densas columnas de humo negro que dieron la vuelta al mundo.
Además, fueron atacados edificios como la Oficina de la Presidencia y la sede del Tribunal Supremo, así como medios de comunicación, entre ellos el grupo Kantipur, el más influyente del país.
Nepal: la crisis se agravó con fuga de presos
La crisis se agravó con la fuga de más de 900 presos en Pokhara, luego de que manifestantes irrumpieran en una prisión, golpearan a los agentes de seguridad y destruyeran parte de las instalaciones. Al mismo tiempo, el aeropuerto internacional de Katmandú suspendió todos sus vuelos nacionales e internacionales por razones de seguridad.
El detonante inmediato del levantamiento fue la decisión del gobierno de bloquear 26 redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X, bajo la “Directiva sobre Regulación de Uso de Redes Sociales, 2023”, que imponía fuertes restricciones a las plataformas digitales.
La medida fue vista como un intento de censura y represión, lo que desató la indignación juvenil en un contexto de descontento acumulado por la corrupción, el desempleo y el estancamiento económico.
Organismos internacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional han condenado tanto la violencia como la represión, y han pedido una investigación independiente.
Mientras tanto, Nepal se encuentra sumido en la incertidumbre política y social, con un gobierno debilitado, instituciones incendiadas y una población juvenil que exige cambios profundos frente a una élite acusada de nepotismo y corrupción.
