Carlos Herrera
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Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una grave falta de transparencia en el Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco (Sermamet), que pertenece a la Municipalidad de Arequipa.
La entidad no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 290 órdenes de compra y servicio por un monto acumulado de S/ 1’789,764.51 en un periodo de cinco meses. Esta omisión, que contraviene la normativa vigente, ha limitado el acceso a la información pública, el control social y la supervisión de las contrataciones.
El informe de oficio, con el número 10056-2025-CG/PREVI-AOP, se emitió a raíz de una alerta del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) y del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría.
La evaluación se realizó en el periodo del 1 de noviembre de 2024 al 31 de marzo de 2025, tiempo en el que Sermamet emitió un total de 30 órdenes de compra y 260 de servicio, todas por montos iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, ninguna de estas transacciones fue publicada en el SEACE.
Municipalidad de Arequipa: el impacto del incumplimiento
El informe de la Contraloría destaca que la falta de registro de estas órdenes restringe la publicidad y trazabilidad del gasto público, impidiendo que los ciudadanos, los órganos de control y la propia gestión institucional accedan a información completa y oportuna sobre las compras y contrataciones.
Esta situación, según el documento, “dificulta la verificación de la planificación y programación de la contratación, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza en la administración pública”.
La normativa es clara al respecto. La Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, vigente durante el periodo evaluado, obliga a las entidades a registrar en el SEACE la información de todas las órdenes de compra y servicio, incluso las que fueron anuladas, en un plazo máximo de cinco días hábiles del mes siguiente a su emisión. Esta disposición, que busca asegurar la transparencia, fue totalmente ignorada por Sermamet.
El OECE había emitido previamente un comunicado alertando a las entidades que habían incumplido con el registro, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para subsanar la omisión. No obstante, Sermamet no cumplió con este requerimiento, lo que motivó que el caso fuera escalado a la Contraloría para las acciones correspondientes.
Contraloría advierte riesgos y recomienda sanciones
La omisión de registro no es una falta menor. El informe advierte que esta situación no solo restringe la transparencia, sino que también puede generar sanciones. La normativa de contrataciones del Estado establece que las entidades están obligadas a registrar en el SEACE la información de sus contrataciones, incluyendo aquellas que están sujetas a supervisión, como son los casos de montos menores a 8 UIT.
El documento de la Contraloría resalta que la falta de registro “limita el acceso a la consulta ciudadana, el control social y la supervisión de las contrataciones públicas”. Este aspecto es crucial, ya que la plataforma del SEACE es la principal herramienta para que la ciudadanía pueda fiscalizar el uso de los recursos del Estado.
El informe concluye que Sermamet ha incurrido en un hecho con indicio de irregularidad y recomienda al titular de la entidad tomar acciones inmediatas para corregir la situación y deslindar responsabilidades.
