El Ministerio del Interior adjudicó la compra de 3.164 chalecos antibalas a la empresa mexicana Armor Life Lab por un valor de más de S/7 millones, a pesar de que esta compañía fue sancionada previamente por el Estado peruano por presentar documentación falsa. Además, el modelo ofrecido por la empresa no cumplía con los requerimientos técnicos establecidos por la Policía Nacional del Perú (PNP).
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La licitación, gestionada por la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), concluyó el pasado 9 de septiembre con la adjudicación a Armor Life Lab, que ofertó S/7.031.430, equivalente a S/2.222 por cada chaleco de nivel IIIA. Esta decisión se tomó a pesar de advertencias del comité técnico de la Séptima Región Policial Lima sobre fallas en la propuesta de la empresa.
Observaciones técnicas y antecedentes cuestionables
Durante la evaluación, el comité técnico conformado por miembros del Servicio de Armamento y Munición de la PNP —entre ellos el coronel Jorge Cojal, el comandante Harry Ocampo y el suboficial David Yllanes— informó que la oferta de Armor Life Lab no detallaba con precisión el peso de los chalecos ni la composición exacta de sus fundas, tal como lo exigían las bases del concurso.
A pesar de estas deficiencias, OGAF le otorgó la buena pro a la empresa mexicana. Una decisión que se vuelve aún más polémica al considerar el historial de Armor Life Lab: en 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó por 40 meses a la empresa peruana Caddin, representante de Armor Life en el país, por presentar documentos falsos en un proceso similar.
Ministerio del Interior: una historia que se repite
Según consta en la resolución, Caddin fue inhabilitada por presentar documentación adulterada sobre chalecos antibalas en una licitación con el mismo Ministerio del Interior. Aquella vez, se detectó que la certificación de impermeabilidad y hermeticidad proveniente del laboratorio SGS de México era falsa.
En su defensa, Caddin responsabilizó a Armor Life Lab, señalando que fue esta última la que proporcionó los documentos falsificados. De hecho, el gerente general de Caddin, Alfonso Paredes, aseguró que Armor Life Lab admitió el error mediante una carta notarial:
“Armor Life Lab fue la que adulteró el documento y lo ha admitido con una carta legalizada notarialmente y consularmente”, declaró Paredes, quien además denunció a la firma mexicana ante el Ministerio Público por falsedad ideológica.
Contraloría entra en escena
Frente a las dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso, fuentes del despacho del Ministro del Interior confirmaron que se ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República.
“El proceso todavía no concluye. Se puede dar una buena pro, pero todo es revisable”, indicaron funcionarios del sector.
La sombra de la desconfianza
A pesar de que Armor Life Lab compitió con otras nueve empresas, incluyendo firmas de Colombia, India, Israel y Estados Unidos, fue favorecida por una diferencia mínima en la evaluación económica. Su historial de falsificación documental, sin embargo, levanta serias interrogantes sobre los criterios de selección y el seguimiento de antecedentes por parte de las entidades del Estado.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de mayor rigurosidad y control en las contrataciones públicas, especialmente en adquisiciones sensibles como el equipamiento para las fuerzas del orden.
