El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) solicitó revisar el proceso de adjudicación de la obra de ampliación del penal de Arequipa, valorizada en más de S/ 192 millones, luego de conocerse cuestionamientos sobre el consorcio que obtuvo la buena pro para ejecutar el proyecto.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó la revisión del proceso de adjudicación para la ampliación del penal de Arequipa, obra valorizada en más de S/ 192 millones. La medida responde a cuestionamientos sobre presuntas inconsistencias en el registro tributario del consorcio ganador ante la SUNAT al momento de la contratación. El titular del sector, Luis Jiménez Borra, dispuso el envío de un informe detallado para esclarecer las circunstancias del proceso y las acciones administrativas tomadas. El proyecto busca ampliar la capacidad del recinto carcelario a 1,600 internos para mitigar el hacinamiento, aunque también enfrenta críticas por el incremento progresivo de su presupuesto.
- El Ministerio de Justicia investiga la adjudicación de una obra de S/ 192 millones tras reportarse posibles irregularidades en el registro de la empresa ganadora.
- Según denuncias periodísticas, la inscripción tributaria del consorcio se habría realizado el mismo día en que se le otorgó la buena pro.
- El ministro Luis Jiménez Borra solicitó un memorándum oficial para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la contratación pública.
- La obra proyectada tiene como objetivo principal reducir el hacinamiento en el penal de Arequipa incrementando su capacidad a 1,600 internos.
- El presupuesto del proyecto ha sido cuestionado por presentar incrementos constantes desde su formulación original hasta la fecha.
La observación está relacionada con presuntas inconsistencias en el registro tributario de la empresa ganadora ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) al momento de concretarse la contratación.
Ante esta situación, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, informó que ha dispuesto el envío de un informe detallado para conocer las circunstancias en las que se desarrolló el proceso y las medidas adoptadas por las instancias responsables.
“En este momento justo estoy enviando un memorándum para que se me informe la situación y las medidas que se han tomado”, declaró el titular del sector durante una entrevista en Canal N. Asimismo, expresó su preocupación por las denuncias difundidas y aseguró que se están realizando las acciones necesarias para esclarecer los hechos.
“A mí también me ha llamado la atención y estoy tomando las acciones correspondientes para informarme”, añadió.
Cuestionan registro del consorcio ganador
Las observaciones surgieron luego de un reportaje emitido por el programa periodístico Cuarto Poder, en el que se señala que el consorcio favorecido con la adjudicación de la obra no contaría con un registro activo en la base tributaria al momento de la contratación.
Según la investigación periodística, la inscripción de la empresa involucrada se habría efectuado el mismo día en que fue declarada ganadora del proceso, situación que ha generado dudas sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en una contratación pública de esta magnitud.
Frente a ello, el Ministerio de Justicia anunció que ya se han iniciado acciones administrativas mientras se recopila toda la documentación necesaria para determinar si existieron irregularidades durante el proceso de adjudicación.
La obra de ampliación del Establecimiento Penitenciario de Arequipa busca incrementar su capacidad hasta 1,600 internos, con el objetivo de reducir los niveles de hacinamiento que actualmente afectan al recinto carcelario.
Sin embargo, el proyecto también ha estado bajo observación debido al incremento progresivo de su presupuesto a lo largo de los años. De acuerdo con la información difundida, la inversión inicial prevista para la ejecución de la obra fue aumentando hasta superar ampliamente el monto considerado en su formulación original.
Las autoridades del sector Justicia señalaron que continuarán evaluando el caso y adoptarán las medidas correspondientes una vez que concluyan las investigaciones y se cuente con información oficial sobre el proceso de contratación.
