La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por el congresista Víctor Cutipa, tiene listo el predictamen favorable que propone extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigor la futura Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Esta medida busca dar continuidad al proceso de formalización minera que actualmente culmina el 31 de diciembre de 2025.
Generando resumen...
El grupo de trabajo sesionará de manera extraordinaria este 24 de octubre, la cual se desarrollará en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo desde las 4 de la tarde de manera semipresencial. Inicialmente se pensaba realizar en la localidad de Bella Unión, en la provincia de Caravelí en Arequipa
Fue la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien manifestó su rechazo a la realización de la sesión fuera de Lima, al considerar que podría interpretarse como una presión política para que se apruebe la ampliación del REINFO. Al final se cambió la locación.
Propuesta busca evitar exclusión de miles de pequeños mineros
El predictamen acumula tres iniciativas legislativas —los Proyectos de Ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR y 12871/2025-CR— presentadas por los congresistas Guido Bellido, Roberto Sánchez y Wilson Soto, que plantean modificar el Decreto Legislativo 1293, norma que declaró de interés nacional la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
La propuesta también suspende los procedimientos de exclusión del REINFO y permite reincorporar a mineros retirados por el Decreto Supremo 012-2025-EM, con el fin de garantizar la continuidad del proceso.
Según el documento, la ampliación del REINFO es una medida necesaria, viable y oportuna, ya que busca evitar la exclusión de miles de pequeños mineros y artesanales, brindar seguridad jurídica, prevenir la conflictividad social y facilitar la transición hacia un régimen estable mientras se aprueba la Ley MAPE.
La congresista Patricia Juárez señaló que el debate del REINFO involucra a miles de pequeños productores mineros y comunidades de distintas regiones, por lo que su tratamiento debe tener un “enfoque técnico, responsable y transparente”.
