El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, advirtió sobre la creciente influencia de la minería ilegal en la política peruana. Según el fiscal superior, existe una alta probabilidad de que esta actividad ilícita financie las campañas de candidatos en las elecciones generales, regionales y municipales del 2026.
“Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas”, expresó Almanza durante una entrevista.
A esto se suma a las preocupaciones ciudadanas reflejadas en una reciente encuesta de Ipsos, donde el 70 % de peruanos cree que esta actividad financiará campañas políticas y el 82 % considera que ya influye en el Congreso y los gobiernos regionales.
El fiscal fue enfático en que los aspirantes al Congreso y a la presidencia deben abordar esta problemática con propuestas concretas. “Debería ser un punto imprescindible en el debate de las campañas”, recalcó. En ese sentido, sostuvo que ya no se puede ignorar la presencia de esta economía ilegal, dado que la ciudadanía ha comenzado a percibir su impacto.
Almanza también advirtió que las interdicciones —como la destrucción de maquinaria y dragas— no son suficientes frente al poder económico de las mafias dedicadas a la minería ilegal. “Se destruyen diez máquinas por operativo, pero con el alto valor del oro, rápidamente se reponen”, explicó.
Solo en zonas como La Pampa o Delta 1 (Puerto Maldonado), se observan operaciones mineras a gran escala con infraestructura sofisticada, como puentes y retroexcavadoras.
Para enfrentar el problema con mayor eficacia, Almanza remarcó la necesidad de fortalecer la inteligencia operativa para identificar a los cabecillas de estas organizaciones. “Capturar solo al peón al lado de la máquina no soluciona nada. Hay que llegar a quienes dirigen estas redes criminales”, añadió.
Fiscal: “El Reinfo es el escudo legal que permite a la minería ilegal a seguir operando”
Por otro lado, criticó severamente el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual —según dijo— se ha convertido en un “escudo legal” que permite a los mineros ilegales seguir operando.
Indicó que de los más de 80,000 inscritos, solo el 2 % se ha formalizado desde 2012, y aunque 60,000 están suspendidos, muchos siguen trabajando sin consecuencias legales debido a vacíos normativos.
Almanza también hizo hincapié en la falta de recursos que enfrentan las fiscalías ambientales. “No contamos con vehículos adecuados, chalecos antibalas, linternas o incluso carpas para dormir durante las operaciones”, denunció. Lamentó que, pese al riesgo y la importancia de su labor, el presupuesto asignado este año fue cero, salvo en Pataz, donde se actuó únicamente después de una tragedia.
Finalmente, el fiscal reiteró que sin voluntad política ni recursos adecuados, será imposible frenar el avance de la minería ilegal, una actividad que no solo destruye el medio ambiente, sino que también amenaza con capturar el poder político del país.
