El lunes 3 de noviembre, México anunció oficialmente el asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana e investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La medida desató una fuerte reacción del Gobierno peruano, encabezado por José Jerí, que respondió rompiendo relaciones diplomáticas con México y otorgando un plazo “perentorio” a la embajadora Karla Ornelas para abandonar el territorio nacional.
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México defiende su decisión amparada en el derecho internacional
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que el Gobierno mexicano “lamenta y rechaza” la decisión del Perú, calificándola como una respuesta “excesiva y desproporcionada” frente a un acto que —según afirmaron— se encuentra ajustado al derecho internacional.
La Cancillería de México sostuvo que el otorgamiento de asilo a Chávez se realizó en estricto apego a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, de la cual tanto México como Perú son Estados parte. En ese sentido, precisó que corresponde a México “calificar la naturaleza de la persecución” que enfrentaría la solicitante de asilo.
Asimismo, el documento recordó que Betssy Chávez habría denunciado ser víctima de una persecución política y de constantes vulneraciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. Según la SRE, esas circunstancias justificaron la decisión del gobierno mexicano.
Por su parte, el Gobierno de Claudia Sheinbaum subrayó que el asilo fue concedido “al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y conforme a los procedimientos establecidos en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”.
Tensión diplomática entre Lima y Ciudad de México
México reiteró que su decisión no constituye una intromisión en los asuntos internos del Perú, sino una acción humanitaria y legalmente sustentada. “México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo… que en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”, señaló la Cancillería.
Mientras tanto, en Lima, el Gobierno peruano ha insistido en que la medida mexicana afecta las normas de convivencia diplomática, abriendo así un nuevo capítulo en la tensa relación bilateral entre ambos países desde la destitución de Pedro Castillo.
