Omar Fernández
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Ronald Fernández, exdirector de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cuestionó el reciente contrato Estado a Estado firmado entre Perú y Japón para la modernización del Proyecto Majes Siguas, señalando que se trata de un endeudamiento encubierto que no está contemplado en la Ley de Endeudamiento 2026.
Además, favorecería a los grandes grupos agroexportadores antes que a los agricultores arequipeños. “No hay financiamiento aprobado, es un endeudamiento oculto”, dijo.
El pasado 10 de octubre, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, y el embajador del Japón, Yamamoto Tsuyoshi, suscribieron un contrato de cooperación Estado a Estado para la “Puesta a Punto y Ampliación del Proyecto Majes Siguas I”. El acto fue encabezado por el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y presentado como un hito en la modernización agrícola del sur peruano.
Sin embargo, el ingeniero Ronald Fernández advierte que este contrato no tiene respaldo financiero legal ni figura en el marco presupuestal del país.
“Estos contratos país a país no son donaciones, son endeudamientos. En la Ley de Endeudamiento 2026 no figura este compromiso, lo que significa que no existe financiamiento aprobado. Y si se modifica la ley, seremos los peruanos quienes terminemos pagando una deuda que beneficiará a pocos”, precisó.
“Pagamos todos, pero ganan los mismos”
Para Fernández, el acuerdo con Japón reproduce un modelo de desarrollo que históricamente ha favorecido a grandes consorcios agroexportadores, relegando a la agricultura familiar, que sostiene la alimentación del país.
“El discurso oficial dice que se reactivará la agricultura, pero la realidad es otra. Este tipo de proyectos terminan beneficiando a cuatro o cinco grandes empresas. Ocurrió con Olmos, donde el 60 % de las tierras fue comprado por el grupo Gloria. En Majes podría pasar lo mismo”, sostuvo.
Según explicó, la agricultura familiar genera el 70 % de los alimentos que consume el Perú, mientras que la minería —que suele recibir prioridad en las políticas públicas— apenas emplea a 250 mil personas.
“El ministro Manero dice que el agua debe priorizarse para la minería, cuando el verdadero soporte de la economía está en el campo, en los casi tres millones de trabajadores agrícolas”, enfatizó.
“Se gobierna para los grandes poderes económicos”
El exdirector del ANA cuestionó también el contexto político en el que se firmó el acuerdo, señalando que la vacancia de Dina Boluarte y la continuidad del gabinete responden a una estrategia para mantener el control económico y político del país.
“Esto no es casualidad. Las decisiones se están tomando para beneficiar a los grandes grupos empresariales, los mismos que dominan el país desde el Congreso y los ministerios. Cambian los nombres, pero la política sigue siendo la misma”, aseguró.
Críticas al rol del Gobierno Regional
Respecto a la participación del gobernador Rohel Sánchez en la firma del contrato, Fernández consideró que hubo “desconocimiento técnico” y falta de transparencia sobre los términos del acuerdo.
“No se sabe qué se firmó realmente. No se ha explicado al pueblo arequipeño qué compromisos económicos asume el país con Japón ni cómo se garantizará el financiamiento. Ni el gobernador ni el ministro parecen haber leído el documento completo”, afirmó.
Finalmente, el ingeniero calificó la gestión regional con 5 sobre 10 puntos, considerando que su margen de acción está condicionado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Cuando un gobierno regional no se somete, lo ahogan quitándole presupuesto o limitando proyectos. Esa es la realidad de la descentralización en el Perú”, concluyó.
