El 5 de septiembre debía marcar el fin de la concesión de Consettur, empresa que por más de 30 años ha operado en exclusiva la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu a través de la carretera Hiram Bingham. Sin embargo, el cese formal del contrato no significó el fin de sus operaciones. Debido a la falta de previsión por parte de la Municipalidad Provincial de Urubamba, que no convocó a tiempo una nueva licitación pública, la situación se tornó caótica y confusa tanto para los operadores como para los turistas.
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En ese escenario, y sin una concesión vigente, Consettur comunicó que continuaría prestando el servicio amparándose en el “silencio administrativo positivo”, ya que su solicitud para seguir operando no fue respondida por las autoridades. Julián Quispe, presidente de la Junta de Accionistas de la empresa, aseguró que seguirán en la ruta hasta que se concrete un nuevo proceso de licitación.
Machu Picchu: improvisación, intereses cruzados y denuncias de ilegalidad
En lugar de lanzar la licitación correspondiente, la Municipalidad de Urubamba decidió entregar de forma directa una autorización temporal a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy, argumentando que se trataba de una medida de contingencia frente al desabastecimiento del servicio. La decisión fue respaldada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y requería además el visto bueno del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), que finalmente lo otorgó.
Pese a ello, desde diversos sectores se cuestionó la legalidad de dicha contratación directa. Para el abogado y regidor cusqueño Aarón Medina Cervantes, el alcalde Ronald Vera actuó favoreciendo los intereses de Consettur desde el inicio de su gestión. Además, según el exprocurador anticorrupción del Cusco, Henry Delgado Urrutia, el problema se debió a una mezcla de improvisación y desinterés. Afirmó que “hubo un doble discurso” por parte de las autoridades, ya que mientras se insistía en cumplir con el término de la concesión, no se avanzaba en lanzar una nueva licitación.
La tensión aumentó cuando voceros de Consettur calificaron el acuerdo con San Antonio de Torontoy como “ilegal e irregular” y pidieron su revisión por la Contraloría y el Ministerio Público. De forma similar, el alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre —quien también preside la Junta de Accionistas de Tramusa, empresa socia de Consettur—, desestimó el plan del nuevo operador al señalar que “no creo que una empresa en dos días pueda garantizar la logística que Consettur ha construido durante 30 años”.
Historial de irregularidades y resistencia a la competencia
Consettur ha sido cuestionada durante décadas por prácticas monopólicas. A pesar de manejar un servicio altamente lucrativo —llegando a cobrar hasta 24 dólares por un recorrido de solo siete kilómetros—, no construyó una terminal formal y ha sido señalada por impedir el ingreso de otras empresas, ya sea por vía judicial o a través de acuerdos con competidores potenciales.
La empresa también acumula problemas fiscales: según registros de la SUNAT, dejó de pagar el IGV durante años y se resiste a abonar una deuda de más de 55 millones de soles. Para Medina Cervantes, uno de los argumentos de Consettur para evitar impuestos es haber presentado la ruta como “especial” y no regular, una narrativa que, en su opinión, se construyó para evitar cumplir con obligaciones tributarias.
Peor aún, en 2018 algunos accionistas de Waynapicchu —socios de Consettur— fueron denunciados por presunto soborno. De acuerdo con la Fiscalía, habrían pagado 50.000 dólares a una jueza para obtener un fallo que les asegurara el control exclusivo de la ruta y bloqueara el ingreso de nuevos operadores. El proceso llevó a que tanto la magistrada como el abogado intermediario pasaran a la clandestinidad tras dictarse prisión preventiva.
Una ruta emblemática atrapada por la inacción
Mientras las autoridades municipales y nacionales continúan sin ofrecer soluciones claras ni un proceso transparente, los turistas que buscan visitar Machu Picchu se ven afectados por demoras y confusión. El 7 de septiembre, un bus de Consettur fue atacado, lo que llevó a la empresa a anunciar una suspensión temporal de sus operaciones. No obstante, estas se reanudaron más tarde con presencia policial.
A pesar de no contar con un contrato vigente, Consettur continúa operando con normalidad, lo que pone en evidencia la falta de control y voluntad política para resolver un conflicto que lleva décadas gestándose. En palabras de diversos expertos y autoridades, se trata de una crisis producto de la negligencia, los intereses cruzados y la ausencia de un plan viable para democratizar el acceso a uno de los patrimonios más importantes del país.
