La red criminal “Los Intis es acusada de proveer armas de fuego a concesiones minerías ilegales que operan en la provincia de Caravelí, en Arequipa están vinculados en la muerte de 14 personas, tras un supuesto desalojo, ocurrido en el 2022, propiciado por la empresa Intigold Mining S.A.. La fiscalía junto con la Policía Nacional logró detener a 7 de sus integrantes.
Las investigaciones se iniciaron, tras este ataque del 2 de junio del 2022, gracias a la información proporcionada por un aspirante de colaborador eficaz , quien vía confesión sincera contó sobre los hechos ocurridos dentro de las las concesiones de la empresa Intigold Mining S.A en el periodo del año 2020 al 2022, cuando se suscitaron las muertes.
BAM Noticias tuvo acceso a parte del voluminoso expediente, donde se detalla como la empresa minera Intigold Mining, propició el enfrentamiento entre las concesiones Calpa Renace y Atico Calpa, narra como se suscitaron los hechos el día del crimen y quien manejo todo para llegar a esta situación de conflicto.
La organización «Los Intis», es una parte de este red criminal, y según la tesis fiscal son 12 involucrados todos acusados en varios delitos. Se detectó que varios dirigentes de la concesión Atico Calpa, financiaron a un grupo armado (contratados en Lima y Huacho), para que vayan a la zona minera de Caravelí y siembren “zozobra”.
Los investigados estarían involucrados en los delitos de tráfico de armas, lavado de activos, sicariato, y conspiración para el desalojo violento. Los detenidos son: Darwin Samaniego, Jesús Baca, Irving Domínguez y Adrián López. Además, Patricia Robles, exconviviente del investigado Adalberto Mego.
Los Intis: «El Papu» manejaba documentación de las armas
Para la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, el exservidor de la Sucamec, Adrián López, conocido como «El Papu», ofrecía dar las licencias a las armas de fuego que usaban en los enfrentamientos, a cambio de un pago de 1,500 soles, es decir el armamento que fue usado (compradas en armerías con autorización), contaba con documentación pero adquirida de forma fraudulenta.
«Si bien se señala que el investigado habría trabajado como asistente administrativo en SUCAMEC, dicha ocupación fue presuntamente utilizada como medio para facilitar la comisión del delito que se le imputa —cohecho pasivo propio— al solicitar donativos a cambio de gestionar licencias de armas de fuego. En ese sentido, el ejercicio de dicha función pública no constituye un vínculo laboral válido que garantice sujeción al proceso, menos aún cuando se vincula con actividades ilícitas«, señala la Fiscalía.
El imputado habría mantenido comunicaciones vía WhatsApp con otros implicados, donde se coordina el manejo reservado de información sobre las licencias irregulares otorgadas. En uno de estos mensajes se menciona que “Papu se cuida y no quiere que le hagan muchas preguntas”, lo que evidencia un «comportamiento deliberado de encubrimiento y ocultamiento de la verdad», precisa en otra parte del documento fiscal.
Las diligencias que se realizarán
Tras la detención de estas personas, se procederá a realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los dispositivos encontrados a los detenidos, además de la visualización y extracción de información de sus redes sociales, conversaciones wasap, entre otras, realizadas desde el 2020 hasta la fecha.
