Va a llegando a su fin el caso de Los Correcaminos del Sur, José Gamarra Vásquez, exgerente regional de Transportes de Arequipa durante la gestión de Yamila Osorio Delgado, admitió ante la Fiscalía haber cometido los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio en el marco este mediático caso.
En una audiencia llevada a cabo el viernes 3 de mayo, la fiscal especializada en Delitos de Corrupción, Marita Cueva, presentó los acuerdos alcanzados con el imputado y los beneficios otorgados a cambio de su confesión del delito, tomando en cuenta su previa detención preventiva por un periodo de 32 meses.
Según lo expuesto por la fiscal, la pena por ambos delitos podría haber sido de 5 años de prisión efectiva, pero con los beneficios acordados, se convirtió en 261 jornadas de servicio comunitario, además del pago de días multa, reparación civil y el decomiso definitivo de 286 mil 832 soles, el cual se realizó el 28 de diciembre de 2018, durante su detención.
La fiscal también argumentó que el exgerente regional de Transportes sufre de diabetes tipo 2, una condición considerada grave. Durante la audiencia, el imputado, acusado de formar parte de una organización que cobraba a los transportistas informales de miniván para permitirles brindar el servicio de transporte interregional de pasajeros, solicitó a los magistrados aceptar los términos acordados con la Fiscalía.
Pero no fue el único. Casi todos de los 28 procesados se acogieron al beneficio de conclusión anticipada, lo cual sus penas se convirtieron en jornadas de servicio comunitario.
Los Correcaminos del Sur
La presunta organización criminal, Los correcaminos del sur, fue intervenida en el año 2018 tras un operativo conjunto realizado por la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional, quienes denunciaron que los investigados realizaban cobros indebidos entre 200 y 500 soles a los transportistas interprovinciales de minivans para permitirles brindar el servicio de transporte interprovincial, a cambio de no ser intervenidos; situación que se habría producido entre los años 2015 -2018.
Asimismo, se dice que tras efectuar los pagos, los integrantes de la organización colocaban a la unidad un sticker distintivo, el cual daba cuenta de que ya había pagado y no volviera a ser intervenido en el mes. Según la fiscal del caso, esto ocurrió hasta el 28 de diciembre de 2018, cuando se armó un operativo donde se detuvo a la mayoría de implicados.
